La convocatoria para el próximo lunes del pleno del Parlament para la investidura de Jordi Sànchez no parece que vaya, lamentablemente, a desbloquear la situación política en Cataluña. El mecanismo de la convocatoria ya se inició mal, puesto que se enteraron antes los abogados del candidato que los diputados de la Cámara. La fecha del día 12 se conoció además antes de la reunión de la junta de portavoces, organismo encargado de fijarla. Los abogados de Sànchez, encarcelado en la prisión sita en Soto del Real, pidieron a primera hora la libertad de su defendido para que pudiera asistir al pleno y, en su defecto, que «se arbitren las medidas necesarias» para que el candidato pueda al menos acudir al Parlament para participar en el debate de investidura. Los letrados recuerdan el precedente del diputado de HB y preso etarra Juan Carlos Yoldi, a quien se autorizó a asistir al pleno de investidura en el Parlamento vasco en 1987, y advierten de que, si no se concede el permiso, España puede ser condenada en el Tribunal de Derechos Humanos por privar a Sànchez de sus derechos políticos antes de ser condenado.

Esta interpretación, apoyada por muchos juristas durante estos últimos días, no significa necesariamente que la comparta el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ya negó a Sànchez permiso para asistir al luego aplazado pleno para investir a Puigdemont. En todo caso, la idea de presentar a Sànchez no deja de ser un elemento de presión al poder judicial y al Estado porque no se comprende cómo puede ejercer de presidente si, aunque asista al pleno, continúa después en prisión.

Aún hay otro aspecto que incide en el pesimismo. El candidato de Junts per Catalunya no tiene de momento votos que resultan necesarios para ser elegido tras el anuncio de abstención de la CUP y la intención de Puigdemont y Toni Comín de mantener sus escaños. Parece difícil que antes del próximo lunes se pueda llegar a un pacto que desborde el «retorno al autonomismo», como exige la CUP, que ha considerado la convocatoria «imprudente».

Tras la fallida etapa de investir a Puigdemont, ahora entramos en la etapa de Sànchez, que lo más probable es que acabe igual. Y mientras tanto, pronto hará tres meses de las elecciones, y Cataluña sigue sin gobierno, con el artículo 155 de la Constitución y sin recuperar las instituciones, que era el principal objetivo, según decían, de los partidos independentistas.