Desde nuestro más lejano pasado hemos precisado de la cooperación y de la reciprocidad, como comenté en mi artículo anterior, y estoy seguro de que todos podríamos estar de acuerdo en que la solidaridad es buena y necesaria para tener éxito no solo individualmente sino como pueblo.
Del mismo modo que nuestros antepasados aprendieron a cazar en partidas para poder cobrar piezas grandes (de otro modo, en solitario, solo lo podían hacer con piezas pequeñas) que distribuían entre los que participaban, lo que contribuyó a desarrollar procedimientos de reparto, dando paso a la justicia (dar a cada uno lo suyo), en tiempos modernos usamos el crédito y la solidaridad como medios para conseguir llevar a cabo proyectos que de no ser por ellos se retrasarían mucho en el tiempo o, incluso peor aún, sería imposible su realización.
Con el crédito, podemos comprar cosas de un precio elevado sin esperar a tener acumulado el importe del mismo. Ciertamente ese poder disfrutar ahora de lo que compras sin tener dinero para ello, te cuesta el tipo de interés pactado, justa retribución para el prestamista por el tiempo de uso de su dinero y el riesgo que asume de que, en el peor caso, no se le pueda devolver.
Con la solidaridad (ahora aplicada a los territorios, es decir a las personas organizadas en entidades políticas que pueblan dichos territorios; aunque también se podría aplicar a las personas individualmente, si hubiera tal bondad) se ayuda lo mismo que con el crédito, pero gratuitamente, sin pagar tipo de interés, aunque también haya uso de dinero durante un tiempo y riesgo de no compensación.
Y eso es lo que ha pasado a lo largo de unos tres siglos, tantos como desde que el territorio de España fue gobernado, financieramente hablando, de forma centralizada, decidiendo desde un solo lugar, la Corte, o la Villa y Corte, el destino de los dineros. Y me refiero al destino de los dineros que iban y han ido a las inversiones en infraestructuras y servicios en los territorios.
Algunos territorios han estado aportando a la Hacienda común mucho más dinero que el que el Gobierno ha estado destinando a dichos territorios. Y esos territorios lo han consentido por solidaridad o, peor, porque no tenían otro remedio, salvo la violencia como se dio en las guerras carlistas, origen de los actuales cupo vasco y concierto navarro.
Territorios como la Comunitat Valenciana, Cataluña e Islas Baleares han estado aguantando que (aún negándoseles la información de las balanzas fiscales para que ellas mismas no lo supieran, hasta hace bien poco), se dispusiera de su aportación a la Hacienda común en beneficio de territorios menos desarrollados.
Ojo, no me olvido de la Comunidad de Madrid que también lo ha hecho, aunque la compensación le ha venido por las muchas inversiones y posibilidades que da ser la capital de España.
Aunque la solidaridad intrínsecamente sea buena, no obstante, usar los dineros para favorecer los graneros andaluz y castellano de votos y hacerlo una vez tras otra, es, si no más, completamente injusto, discriminatorio y expropiatorio para otros territorios.
Es cierto, como he dicho al principio, que la solidaridad es necesaria para avanzar más rápidamente, pero la solidaridad no debe provocar falta de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad de aquellos que perciben la ayuda. Y además debe tener un límite porcentual. No debe ser que unos vivan, o mejor dicho, que tengan cosas a costa de otros. Y no hablo de Andalucía o las dos Castillas y Galicia, sino también de la Europa del Sur respecto de la del Norte y Centro.
Del mismo modo que la solidaridad de la Unión Europea con países como España, Irlanda o Portugal se ha acabado o casi, así debe acabarse la interterritorial en España, al menos, al nivel que la hemos venido teniendo a lo largo de los últimos 300 años.
Los territorios deben tener inversiones y sostener sus servicios en proporción al peso de su economía, ponderada por su población. Los territorios deben aportar como saldo de la balanza fiscal territorial un importe semejante en porcentaje a como lo hace el cupo vasco (6,25%) o el concierto navarro; o más, si a ellos también se les sube (lo contrario es discriminatorio), y ese importe debe dar para sostener las competencias no transferidas a los territorios (defensa, casa real, representación exterior, servicios comunes como congreso y senado, ministerios e infraestructuras tales como puertos, aeropuertos, ferrocarriles, AVE, etcétera).
Si en algún momento en el futuro cercano se replantea la modificación de la Constitución habrá que estudiar cambiarla también en el sentido de poner un límite al abuso de los partidos gobernantes en el porcentaje de solidaridad para no condenar a territorios como el de la Comunitat Valenciana a una situación de expolio fiscal en aras a una solidaridad entre territorios, mientras se niegan las inversiones y la adecuada financiación a otros.
Una interesante reflexión sobre la infrafinanciación histórica de la Comunitat Valenciana se halla en el blog del historiador valenciano Vicent Baydal Sala, profesor de Historia del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, ventdcabylia.com. H
*Doctor en Derecho
