Con la enorme presión de más de cien mil trabajadores afectados por los primeros expedientes de regulación de empleo y con unas cifras oficiales de casi 12.000 personas contagiadas por el coronavirus y 533 fallecidos, el Consejo de Ministros aprobó ayer por fin un potente paquete de medidas económicas con las que el Gobierno pretende movilizar un montante de 200.000 millones de euros en apoyo de las empresas y del empleo y en ayuda de los colectivos más vulnerables.

El plan supone «la mayor movilización de recursos públicos y privados en la historia democrática española», según subrayó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Sánchez presentó las líneas generales del «escudo económico y social» con el que el Gobierno quiere complementar al «escudo sanitario» ya en marcha contra la propagación de la epidemia.

Los 200.000 millones anunciados por Sánchez equivalen aproximadamente al 16% del PIB español, si bien el presidente redondeó la referencia aludiendo al 20%. El decreto aprobado, que al cierre de esta edición todavía no había sido publicado por el Boletín Oficial del Estado, tendrá una vigencia de un mes, aunque será prorrogado más tiempo si las dificultades para controlar la pandemia del coronavirus persisten.

En particular, las medidas movilizan 117.000 millones de las arcas del Estado, de los que 100.000 millones corresponden a una línea de avales públicos para garantizar la liquidez de las empresas. Otros 17.000 millones van destinados a financiar políticas a favor de los colectivos de familias, trabajadores y empresas más vulnerables. El resto, unos 83.000 millones, hasta completar los 200.000 millones anunciados por Sánchez, «se completará con la mayor movilización de recursos privados de la historia reciente», según apuntó.

No todo el dinero movilizado se traducirá en mayor déficit público. La mayor parte de los recursos son en forma de avales y líneas de crédito que solo causarán agujero público en la medida en que resulten fallidos. Si los créditos son devueltos por las empresas, el coste presupuestario será nulo y, sin embargo, habrían logrado evitar el colapso de la actividad.

MEDIDAS PALIATIVAS / Este es, según el Gobierno, el principal propósito de las medidas adoptadas: que las dificultades transitorias, no deriven en perjuicios irreparables. Y que una vez que se logre controlar la enfermedad, la economía esté en condiciones de propulsar una recuperacion en forma de letra V en lugar de quedar varada en una U de prolongado fondo o, peor aún, en una letra L.

Para este segundo momento, el de la recuperación, se guarda el Gobierno la baza de posibles medidas para reactivar la economía. Ahora, lo que toca ---aseguran-- son medidas paliativas.

Así, el grueso de las medidas están destinadas a asegurar la liquidez que precisan las empresas para no quebrar. Pero también hay actuaciones muy importantes para evitar despidos, por la vía de favorecer con recursos propios los expedientes temporales de regulación de empleo. El tercer gran eje de las medidas está destinado a favorecer a las familias más vulnerables.

En ese último bloque se incluye la posibilidad de que éstas puedan demorar un mes los pagos de sus cuotas hipotecarias. También quedarán protegidas de posibles cortes de suministros de luz, agua, gas y telecomunicaciones. Es la aprobación de este bloque de medidas la que ha llevado a Unidas Podemos a reivindicar su sello en las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. La formación morada no logró, sin embargo, a pesar de insistir en ello, introducir una moratoria en las mensualidades del alquiler a favor de estas familias más vulnerables.

Tampoco logró el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, introducir en el decreto una medida que él mismo anunció hace una semana para garantizar el cobro del sueldo a padres y madres que hayan tenido que reducir o suspender su jornada laboral para cuidar a niños o mayores por causa de la epidemia.

«AUTÓNOMOS, EN LA CUNETA» / Pero quien más se siente abandonado por el decreto es el colectivo de autónomos. «El Gobierno deja en la cuneta a los autónomos», se quejó ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor. El Gobierno ha desoído la propuesta de eximir durante dos meses del pago de cotizaciones a los trabajadores por cuenta propia que tengan que cesar en su actividad. El Ejecutivo sí les reconoce el derecho a cobrar la prestación por cese de actividad. «Solo faltaría que cuando un autónomo va a cobrar su paro por una causa de fuerza mayor como es esta se la negaran» apuntó ayer Amor.

Es precisamente por este flanco por donde le han llovido al Gobierno las críticas del PP. También Ciudadanos, que, en general, ha acogido las medidas del Gobierno, ha subrayado esta insuficiencia. De hecho, Pablo Casado, líder del Partido Popular, tiene la intención hoy, en el Congreso de los Diputados, de presentar medidas «concretas» para «proteger» a clases medias y autónomos. Para ayudar a estos últimos, solicitará una bonificación de la cuota mientras dure esta pandemia. De todos modos, Casado volverá a asegurar que el Gobierno tiene el apoyo del PP, como ha trasladado estos días públicamente alegando que es momento de «remar todos en la misma dirección».

Los agentes sociales representados por las patronales CEOE y Cepyme, los sindicatos UGT y CCOO y la Cámara de Comercio acogieron con satisfacción las medidas, si bien advirtieron de que harán falta nuevas actuaciones. También el sector financiero (AEB Y CECA), saludó la capacidad de las medidas para frenar el descalabro de la economía.