Se imaginan un mundo en el que los asesinos, ladrones y terroristas recibieran avisos desde las redes sociales sobre la operaciones policiales encaminadas a detenerles? No sería un mal guión para una película de ficción pero aún sería más bueno para un documental. Porque eso es lo que está pasando con las aplicaciones que avisan de los controles policiales de las carreteras, ya sean de alcoholemia, velocidad o las destinadas a interceptar a delincuentes comunes o terroristas.

La proliferación y el seguimiento cada vez más masivo de estas redes jaleadas incluso por algunos medios de comunicación han hecho saltar todas las alarmas. Tras años de clamar en el desierto, un movimiento de protesta integrado por agentes policiales, ciclistas, motoristas y víctimas de accidentes está empujando a la Administración a dar un paso adelante. La DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil quieren prohibir este tipo de prácticas, aunque de momento no podrán llevarlo a cabo. Habrá que esperar, como mínimo, hasta que empiece la nueva legislatura, dado que se requieren reformas legales de calado.

Todas la aplicaciones funcionan con el mismo sistema. Se nutren de la información que les mandan sus usuarios. Cuando estos alertan de la presencia de un control o de un radar, la red se encarga de difundirlo al resto de abonados. Es la versión tecnológica de la vieja costumbre de hacer luces para avisar al resto de conductores que detrás encontrarán una patrulla o un control. La paradoja es que esta conducta, casi en desuso, está prohibida y penada con una multa de 80 euros, mientras que el aviso masivo a través de internet es legal.

IMÁGENES // Solo se puede actuar contra los conductores chivatos cuando mandan imágenes en las que se puede identificar a los agentes de los controles o si informan de dónde se colocarán.

Tras conocer la puesta en marcha de la plataforma Creando Seguridad, que quiere eliminar esta práctica, el director general de Tráfico, Pere Navarro, pidió el pasado febrero varios informes y su conclusión no deja lugar a dudas. «Hay que acabar con este vacío legal que facilita las cosas a conductores que son un peligro para la vida de los demás o a delincuentes y terroristas», señala.