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posible fraude

La DGT investiga posibles irregularidades en los cursos para recuperar puntos del carnet

Varios afectados han denunciado que se amañó con la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

 

Clases en la autoescuela del RACC a conductores que han perdido puntos del carnet de conducir. - FERRAN NADEU

José Miguel Baez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). -

EL PERIÓDICO
02/07/2016

La Dirección General de Tráfico (DGT) investiga una posible irregularidad en la concesión del control de los cursos de recuperación de los puntos del carné de conducir, tras una denuncia interpuesta por varios afectados que aseguran que se amañó con la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

Un portavoz de la DGT ha confirmado la apertura de esta investigación interna, tras la publicación hoy en 'El Mundo' de la existencia de una grabación que según los afectados demuestra que la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera, apañó los pliegos del concurso público para conceder el control de esos cursos con el presidente de la CNAE, José Miguel Báez, gestor y beneficiario de los mismos desde hace diez años. La DGT ha declinado dar más detalles por el momento.

Los denunciantes, procedentes de Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, exigen la expulsión definitiva de la UTE encabezada por CNAE del concurso que se adjudicó en septiembre del 2015 porque en su opinión la grabación demuestra que Carrera y Báez "pactan sin ningún rubor todas las condiciones que serán exigidas a los centros y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos".


Por su parte, el presidente de CNAE ha negado a Efe que se haya llevado a cabo ningún amaño ni beneficio y ha anunciado que ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos de la Confederación este asunto. Báez ha reconocido que sí conversó con Carrera, dentro de la relación normal entre la Administración y cualquier patronal, pero la publicación de la conversación es "sesgadísima". También ha asegurado que esa adjudicación se consiguió tras acudir tres veces al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y tras 18 meses de pleitos con la Administración.