El Ministerio de Justicia solicita a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler en España. El departamento encabezado por Dolores Delgado cree que estas empresas «se lucran» de una actividad que es ilegal en España realizándola «a través de terceros países» donde podrían estar incurriendo en varios delitos.
Delgado aclaró que no se investigará ni a padres ni a menores, solamente a determinadas agencias y «no a todas», si bien no precisó el número sobre las que existen indicios. El Gobierno sospecha que estas intermediarias podrían estar explotando en terceros países a mujeres, especialmente a las más vulnerables y con mayores necesidades. Además de lucrarse, recalcó la ministra, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.
UCRANIA // «Es un tema muy, muy grave», enfatizó la titular de Justicia, quien insistió en que en España la gestación subrogada está prohibida desde el 2006 y lamentó que haya agencias que estén «negociando con el vientre de las mujeres» y estén «traficando con menores». En el caso de España las intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania.
Delgado recordó que hay países que no tienen prohibida esta práctica, mientras que en otros no existe garantía alguna. «Antes al contrario, se explota a las mujeres», aseguró la ministra.
