Suena un teléfono...

-¿Has perdido la cabeza? Esta no es una línea segura.

-Tenemos que vernos. En 30 minutos. Donde siempre.

-Hace demasiado frío. Mándame un wasap.

El inicio de este diálogo ficticio podría encajar en cualquier 'thriller' policiaco clásico. El final, no. Sin embargo, debe de acercarse bastante más a la realidad lo último que lo primero. Los investigadores llevan tiempo constatando que los delincuentes se han pasado a Whatsapp, a Telegram o a la aplicación que más convenga para coordinar sus fechorías. Han dejado de llamarse por teléfono porque -el cine lleva décadas avisándolo- la policía puede ‘pinchar’ sus conversaciones, pero a través de los nuevos sistemas de mensajería sus textos son prácticamente invulnerables.

No es un problema menor porque el Estado Islámico, por ejemplo, utiliza estas aplicaciones para comunicarse. En España, sin ir más lejos, cualquier organización criminal que se precie ya no se deja el dinero negro comprando tarjetas de prepago sino que invierte desde el inicio en un buen 'smartphone'. Y para los cuerpos de seguridad apoyarse en el espionaje telefónico es vital para reunir pruebas que demuestren, por ejemplo, que un grupo funciona como un entramado mafioso.

CONVERSACIONES INEXPUGNABLES

“Pinchar un canal de mensajería instantánea requiere mucho esfuerzo, y hay muchisimos canales”, remarca el teniente coronel Daniel Baena, responsable de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña. Sin ir más lejos, para solicitar el contenido de una conversación de Whatsapp, un juez español debe enviar una orden a Estados Unidos -sede de la empresa- y resignarse a que alguien la atienda. Harto improbable. “¿Qué mandato supone para un magnate americano una carta de un magistrado español?”, se pregunta Rafa Martínez, catedrático de Ciencias Políticas de la Universitat de Barcelona (UB).

Más allá del muro burocrático, existe un segundo problema tecnológico más difícil de solucionar. Estas aplicaciones cuentan con mecanismos de encriptación tremendamente complejos que no resultan fáciles de descodificar ni para las propias compañías. “Los gobiernos están pidiendo claves para poder desencriptarlas por motivos de seguridad, pero son multinacionales que priorizan proteger a sus clientes", avisa el profesor Martínez.

CAMBIO DE PARADIGMA

El teniente coronel Baena cree que toca plantearse un cambio de paradigma en la interceptación de comunicaciones. “Hasta ahora hemos operado sobre el canal [la línea telefónica], ahora deberíamos intervenir sobre el dispositivo directamente [el teléfono móvil]”. Es tan sencillo como introducir un virus en el 'smartphone' que permite monitorizar todo la actividad del aparato. “Hay maltratadores que lo hacen con sus parejas, para controlarlas”, evidencia Baena. La tecnología lo permite. La ley, también.

La última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, en vigor desde finales del 2015, autoriza -siempre con orden judicial- a los policías a instalar "un 'software' que permita de forma remota el examen de un terminal sin conocimiento de su titular. Está reservado para casos de terrorismo, organización criminal, traición o pornografía infantil. Esta forma de operar, no obstante, está lejos de ser una realidad porque todavía no hay un 'software' homologado que respete las garantías procesales de los detenidos. Es decir, podría hacerse pero no tendría ninguna validez durante el juicio.

GARANTÍAS NECESARIAS

El SITEL -el sistema de pinchazos telefónicos del Ministerio de Interior- sí permite obtener conversaciones aceptadas como prueba en un juicio. Pero todavía no se ha validado ningún 'software' que dé acceso a un teléfono móvil y garantice que la información que se extrae no ha sido modificada cuando se presenta ante el juez.

Martínez recuerda que la jurisprudencia de causas importantes ya recoge que solo acaban teniendo validez judicial las conversaciones 'pinchadas' que hablan de delitos que persigue la autorización del magistrado. Es decir, si se interviene un teléfono porque su autor podría haber cometido un homicidio y se termina descubriendo que trafica con drogas, nada de lo segundo tendrá importancia alguna durante el proceso.

Por lenta y anquilosada que parezca la velocidad judicial para adaptarse al nuevo entorno digital, el profesor de la UB avisa de que lo contrario -la llamada “israelización de la seguridad”- termina concediendo a las fuerzas de seguridad los mismos poderes que tendrían si “estuviéramos en guerra”.