Centenares de menores inmigrantes tutelados por las administraciones en España van a cumplir 18 años. Ninguno tendrá acceso a un trabajo legal y una gran mayoría tampoco optará a ayudas sociales. Vienen a trabajar, pero no pueden. Su inserción pende de un hilo. Corren el riesgo de acabar durmiendo en la calle.
Según la ley de extranjería, solo pueden trabajar legalmente en España los adultos que logran un contrato de un año entero a jornada completa. Mientras los españoles de 16 años ya pueden trabajar, los inmigrantes tutelados no pueden hacer ni una formación homologada. Para inscribirse necesitan un permiso de residencia, que la Oficina de Extranjería admite que suele tardar hasta diez meses. El motivo, «hay que demostrar que es imposible retornar a los chicos a su país». Y si los jóvenes no tienen pasaporte, el caso se alarga porque entonces entra el juego el consulado de Marruecos.
En algunos casos al retraso de Extranjería para dar los papeles se le tiene que sumar el del propio centro de menores al iniciar el procedimiemto, o el nulo seguimiento que tienen los chicos que cumplen penas judiciales.
