Veinte páginas de terrible vergüenza. Esta podría ser la principal conclusión del informe que confeccionó Philip Alston, relator de la ONU sobre extrema pobreza, tras su paso por España a principios de febrero. El experto, especialista en derechos humanos, recorrió ese país que no sale en las guías turísticas. «Visité zonas que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Barrios con condiciones mucho peores que un campo de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento», detalla en su análisis. Una visita que él mismo resolvió en un titular: «España ha salido de la crisis gobernando para los ricos y abandonando a los pobres».

Desde el 2014, el relator ha recorrido Chile, Rumanía, Mauritania, China, Arabia Saudí, Estados Unidos, Reino Unido, Ghana, Laos y Malasia. A principios del 2019 decidió que su último viaje mientras ocupaba el cargo lo haría por España. Ha estado un año entero recogiendo estadísticas, consciente de que necesitaba también un baño de realidad. El experto visitó seis autonomías y varios pueblos. Pisó chabolas, aldeas y barrios deprimidos.

El 7 de febrero, Alston emitió su veredicto. Las políticas sociales en este país están «quebradas» y son «ineficientes», la pobreza no ha hecho más que aumentar y todo ello ha sucedido «con el beneplácito de los gobernantes», sería el breve resumen de su experiencia. El texto apunta directamente a las iniciativas del PP durante los dos mandatos de Mariano Rajoy. Alston esperaba encontrar un país donde el apoyo familiar resiste a la exclusión: «La España de hoy necesita mirarse bien de cerca al espejo. La imagen de una sociedad familiar arraigada se ha fracturado. Las redes familiares que habían sido históricamente importantes han sido socavadas para la mayoría. Hoy, España está en el fondo de la UE en demasiados indicadores sociales».

Los datos que aporta el informe son escalofriantes: la España poscrisis registra más pobreza y exclusión, más paro y más abandono escolar, mientras que los ricos cada vez tienen más dinero y pagan menos impuestos. ¿Hay alguien al mando?: «El Gobierno de coalición es bienvenido, pero es hora de abandonar la retórica».

SERVICIOS «QUEBRADOS» / Las conclusiones apuntan en varias direcciones. Habla de unos servicios sociales «colapsados por la burocracia» y de unas ayudas sociales insuficientes, y critica que en la España rural los residentes sufran la falta de servicios de todo tipo. La segregación escolar acapara gran parte del informe, con familias que no puedan pagar los libros de texto. El sistema sanitario, uno de los mejor valorados, también recibe un bofetón cuando menciona la pobreza farmacéutica y una privatización de servicios públicos sobre la que el propio ministerio «no pudo decir cuánto se había privatizado y ni qué impacto había tenido».

Uno de los apartados más extensos del informe se dedica a la vivienda. «En España no hay casas baratas», concluye tras señalar la especulación, el ingente número de desahucios y el aumento del 50% del precio del alquiler. También denuncia el drama que supone que «las familias tengan que decidir si comen o si ponen la calefacción», por no hablar del problema de las personas sin hogar.

La solución que plantea el relator es acabar con el fraude fiscal, que el propio Gobierno no le supo cuantificar. Aboga también por poner fin a las deducciones de impuestos de las rentas altas. Y aconseja abordar de forma urgente el tema de la vivienda. El plan nacional prevé construir 20.000 viviendas de protección social en cuatro años, pero el relator apuesta por regular los precios de los alquileres.