Rocío Dil Alonso, de 17 años, murió hace ahora dos años, horas después de haber sido arrollada por un coche mientras esperaba en una parada de autobús de Benicarló. Una amiga que la acompañaba también resultó herida de gravedad. El conductor que las atropelló dio negativo en el test de alcoholemia y los agentes intervinientes de la Policía Local de Benicarló no le hicieron el test de drogas. El implicado se marchó a casa y, cuando Rocío Dil perdió la vida en el hospital, las autoridades fueron a buscarlo a su vivienda. Dio positivo en cocaína, pero alegó que la había tomado después del accidente mortal.
Los padres de la fallecida criticaron desde el principio la actuación de los agentes municipales, a quienes acusaron de «incumplir los deberes y obligaciones legales inherentes a la función policial» y de «complicar la tarea de acreditar que el conductor circulara bajo los efectos de las drogas». La familia interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento de Benicarló y pidió que los cuatro efectivos fueran sancionados con una falta grave y tres meses de suspensión en sus funciones.
El Síndic de Greuges de la Comunitat intercedió por los padres de la joven ante la falta de respuesta del consistorio y recomendó al Ayuntamiento que informara a los denunciantes «de forma inmediata», según reza el documento al que ha tenido acceso este periódico transcurridos más de tres meses desde que interpusieron su escrito de queja.
Finalmente, la alcaldesa, Xaro Miralles, ha respondido a los progenitores de la fallecida, diciéndoles que la denuncia se ha archivado «a la vista del resultado de las diligencias de información reservada llevadas a cabo por el intendente jefe». Los denunciantes lamentan la falta de más datos sobre la investigación.
