Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Castellón, Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Girona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319 euros.

Las investigaciones comenzaron a finales del 2018, tras recibir varias denuncias que informaban de ilícitos penales que se estaban cometiendo contra la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tras un minucioso estudio de la documentación, observaron que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas, crearon entramados empresariales con firmas deudoras y otras pantalla a las que les repercutían los beneficios y el patrimonio. Los 45 responsables del delito han resultado ser, principalmente, los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros --algunos trabajadores que figuraban en connivencia--, así como familiares de los primeros, a quienes les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (prestaciones), falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil. Avanzadas las investigaciones, realizaron informes patrimoniales de aquellas personas implicadas, con el fin de que pueda solicitarse el embargo de aquellos bienes localizados.

INVESTIGACIÓN / Desde que en el año 2009 comenzaron las actividades de una de las empresas investigadas, jamás fueron ingresadas las cotizaciones de sus trabajadores, generando hasta la fecha un perjuicio a la Seguridad Social de 376.884 euros. Por este hecho, la administradora de la sociedad fue detenida. La falta de voluntad de regularizar la situación con la Seguridad Social ha sido palpable durante estos años, ocultando a la Tesorería General la verdadera situación laboral de la sociedad y su balance económico.

A los trabajadores les pagaban su jornal en metálico, no les daban de alta ni les hacían contratos donde se especificaran las horas a trabajar ni el salario.

Pese a trabajar todas las semanas de lunes a sábado --algunos desde el 2013--, no les abonaban el salario si se ponían enfermos o se marchaban de vacaciones.