Una vecina de Segorbe se sentó ayer en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, acusada de un delito continuado de falsificación en documento público, en concurso medial con otro de estafa, por el que la Fiscalía pide para ella cuatro años de prisión. El Ministerio Público sostiene que la mujer utilizó un poder de su madre fallecida como avalista para aumentar una hipoteca concedida años antes en la suma de 103.000 euros.

La acusada lo negó todo durante su interrogatorio en sala. Dijo que nunca tuvo «la intención de estafar o falsificar» y alegó que desconocía que el poder dejaba de tener valor al morir su madre. «Yo nunca tuve que aportar nada. El banco tenía el poder desde hacía años y cuando fui al notario a firmar ya tenían toda la documentación. Nadie me preguntó si mi madre vivía. Yo solo tenía que firmar», declaró la mujer.

SU TESTIMONIO / La procesada afirmó que dejó de pagar a la entidad porque cayó enferma y no podía trabajar. «Ahora vivo con una pensión de 614 euros y no puedo hacer frente a los 1.500 al mes que pagaba en su día», relató.

La mujer incidió, sin embargo, en que la entidad bancaria de Segorbe con la que tenía la hipoteca era conocedora del fallecimiento de su madre. «La directora del banco lo sabía porque me dio incluso el pésame. Eran conocedores», sostuvo la acusada.

Un extremo que negó la directiva de la sucursal, que fue la primera testigo a quien el tribunal llamó a declarar. «Me acabo de enterar de todo esto cuando me han citado. No sabía que la señora había muerto», declaró.

En el año 2014 la entidad inició un proceso de ejecución hipotecaria a la procesada por el impago de la hipoteca. «Nosotros si nos dan un poder, pensamos que es válido», afirmó una de las empleadas del departamento de riesgos del banco afectado. Tras este testimonio, otros testigos declaran por videoconferencia.

¿UN PLAN URDIDO? / Para la Fiscalía Provincial, la vecina de Segorbe, que carece de antecedentes penales, «urdió un plan consistente en la utilización de poderes notariales a los efectos de obtener financiación, usándolos a sabiendas de que su madre había muerto», tal y como consta en el escrito de acusación provisional.

Además de la pena de prisión solicitada, el Ministerio Público pide que la acusada abone una multa de 3.360 euros y también la devolución de los 103.000 euros de deuda que mantiene todavía con la entidad, en concepto de responsabilidad civil. El juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Castellón ha quedado visto para sentencia tras una sesión única de juicio oral.