El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real llama a declarar como investigado (antes imputado), por el caso de la presunta falsedad de facturas emitidas por la empresa Piaf, al exalcalde popular Juan José Rubert.

En la providencia dictada por el juez con fecha del pasado viernes y a la que ha tenido acceso Mediterráneo, también se cita como investigados al que fuera concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomas; al técnico municipal Miguel Ángel Zorrilla y al que fuera presidente y consejero de Piaf, Antonio Pons. Todos ellos tendrán que comparecer en el juzgado vila-realense el 14 de marzo, desde las 12.00 horas.

Según fuentes consultadas por este rotativo, el hecho de que el magistrado que lleva el caso llame a Rubert, Tomás, Zorrilla y Pons como investigados se debe a que aprecia indicios de delito en la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Vila-real, respecto al endoso de facturas que firmó el exalcalde popular estando ya en funciones, tras las elecciones de mayo del 2011, y que respondían a trabajos o servicios que, según avalaron los técnicos municipales, no se efectuaron o no los realizó esta mercantil.

IRREGULARIDADES // La resolución judicial se toma poco tiempo después de que la Intervención del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, remitiera un informe al juzgado, a petición de este, en el que se concluía que el endoso rubricado por Rubert de facturas de Piaf que sumaban unos 600.000 euros era “irregular, tanto desde el punto de vista formal por el incumplimiento del procedimiento establecido por el Ayuntamiento de Vila-real, como desde el punto de vista material, al cederse créditos correspondientes a prestaciones que o no se recibieron de conformidad por el consistorio o no consta su realización o, incluso, que consta que no se ejecutaron por Piaf”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real decidió a mediados de junio abrir una investigación vía penal, después de la denuncia planteada por el consistorio, al advertir la posible comisión de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de fondos.

Cabe recordar que la Fiscalía de Castellón archivó en abril del 2013 la denuncia presentada por este mismo motivo por el alcalde José Benlloch, al entender que si bien se advertían “supuestos de graves infracciones del derecho aplicable”, no encontraba probado que pudieran tener la consideración de actuaciones delictivas. H