Querido lector:
La Conselleria de Territorio que dirige González Pons ha escuchado al alcalde Vicente Casanova, una de las partes del conflicto que enfrenta al Ayuntamiento de Almassora y a las empresas del polígono del Serrallo, a raíz del crecimiento urbanístico de la zona anexa al polígono. Ahora le queda oír a la segunda parte, que será en breve.
Solución técnica al problema debe haberla para poder permitir la convivencia de un polígono petroquímico, que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos y riqueza a la provincia de Castellón, con las aspiraciones de crecimiento de la ciudad de Almassora.
En la entrevista de ayer se puso encima de la mesa el plan propuesto por el equipo de gobierno almazorense. Falta conocer ahora la opinión de las empresas del Serrallo al respecto y, posteriormente, la actuación de la Generalitat, que indefectiblemente actúa de mediadora pero que también ha sido parte actuante. En su día aprobó definitivamente el PGOU de Almassora que ha permitido el crecimiento urbanístico de la zona anexa al polígono --origen del conflicto-- y, a la vez, ha impulsado la ampliación de empresas como BP, con la puesta de la primera piedra a cargo del mismo presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hace solo unos meses.
Otra cosa será la situación política interna --máxime en plena campaña electoral-- del consistorio de Almassora y otra cosa será también las diferentes posturas individuales de las empresas del Serrallo.
