La campaña puesta en marcha por la derecha recalcitrante contra la práctica del aborto en España, so pretexto de presuntas prácticas irregulares en algunas clínicas de Barcelona y Madrid, ha hecho posible que una mujer embarazada de 34 años, afectada de retraso mental, y sus familiares deban afrontar una situación de preocupante indefensión jurídica a pesar de contar con la documentación que acredita que concurren en el caso las circunstancias objetivas que permiten practicar el aborto. Las imperfecciones técnicas que presenta la legislación referida al aborto y el miedo de los profesionales a acabar ante el juez constituyen una combinación perversa para que puedan darse este tipo de situaciones, que si además implican a un centro público --como está ocurriendo actualmente-- resultan doblemente preocupantes.
La preocupación es mayor si nos atenemos al interés casi inexistente de los grandes partidos a sacar a colación en la campaña electoral la crisis abierta en la aplicación de la ley del aborto. Estas formaciones se preocupan solo de las políticas simpáticas relacionadas con las mujeres --cheque-bebé, diferentes ayudas a la maternidad--, pero dejan sin respuesta un problema ético y humano que exige comprometerse públicamente sin ambigüedad. A lo máximo que llegan es a escudarse detrás de la suposición de que no se detecta inquietud social y, en cambio, encarar la reforma puede provocar enfrentamientos innecesarios.
