El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, se hizo eco hace solo unos días de la sobrecarga de trabajo y la deficiencia de medios materiales y tecnológicos en muchos juzgados de España. Advirtió que estas circunstancias impiden a los propios jueces dar una respuesta “con corrección jurídica total”.

Dívar afirmó que jueces que tienen que dictar dos mil sentencias al año y juzgados con ocho mil asuntos hacen “imposible hacer frente a esta situación con corrección jurídica total”. “La Justicia lleva décadas de retraso y de déficit en todos los aspectos”, situación en la que “al final todo repercute en el juez”, quien “no puede hacer más que el trabajo que humanamente le es posible”, dijo.

El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con las competencias transferidas, como nuestro caso, son quienes deben asumir sus propias responsabilidades y abordar una situación que es cada día que pasa más caótica porque a la crisis económica y de valores se añade ahora la institucional.

Puede parecer anecdótico, pero no es de recibo que los funcionarios de los juzgados de la provincia no tengan folios, bolígrafos o archivadores, por no hablar de la falta de jueces o de infraestructuras paralizadas.

Nada nuevo bajo el sol. Pero que los clubs españoles de fútbol, especialmente los profesionales, que tanto dinero han movido y tantos millones han recibido (además de un plan de saneamiento, en 1991, que les perdonó 156 millones de euros), deban ahora 4.000 millones de euros resulta escandaloso, ya que parece imposible de sufragar a estas alturas del despilfarro. Y no solo porque los clubs hayan sido incapaces de ponerse unas normas de actuación, sino también porque ningún Gobierno se ha atrevido a ponerlos en solfa y decirles lo que tenían que hacer. O lo que no podían hacer. Hasta el CD Castellón está al borde del pre-concurso de acreedores para no bajar de categoría por las deudas a los jugadores.

La impotencia del CSD, marginado; el pasotismo de la Federación Española, presidida Ángel María Villar, que intenta ser presidente de algún organismo internacional y solo se preocupa de ganar dinero con la Roja; la escasísima credibilidad de la Liga de Fútbol Profesional y, por supuesto, la desfachatez de los presidentes de los clubs de fútbol han conducido al deporte rey a un callejón sin salida. Aun y así, hay quien pretende considerar lógico que los futbolistas valgan 45 millones.