La Comunitat Valenciana cuenta con una importante cartera de fortalezas y activos estratégicos que serán claves para aumentar su nivel de competitividad. Seamos optimistas y confiemos en la capacidad de las empresarias y empresarios de esta Comunitat para aprovechar estas fortalezas que condicionarán el camino hacia la definitiva modernización y recuperación de nuestra economía, la mejora competitiva de nuestras empresas, la creación de nuestros puestos de trabajo, reduciendo la tasa de desempleo y, en definitiva, la consolidación de una sociedad más próspera. Pero esto no bastará.
Nuestra economía demanda una gestión y un incremento en las políticas de apoyo e impulso que las posibilidades presupuestarias del Consell no permiten. No olvidemos que debe destinar más del 80% de su presupuesto a la prestación de los servicios públicos fundamentales --como sanidad, educación y servicios asistenciales--.
Los límites vienen impuestos en gran medida por el actual sistema de financiación autonómico. La Comunitat Valenciana recibe unos 1.250 millones de euros anuales menos de los que le correspondería si percibiera la financiación media que reciben el resto de las comunidades. Esto supone que entre 2002 y 2018, entre infrafinanciación e intereses acumulados, hemos soportado una discriminación financiera cercana al presupuesto de la Generalitat para el 2019 (22.096 millones).
Cada ciudadano de la Comunitat Valenciana, en el último año, ha recibido 237 euros menos que la media del resto del país. No es lógico que existan diferencias por el hecho de pertenecer a un determinado territorio.
No se trata de una denuncia nueva. La infrafinanciación de la Comunitat Valenciana es un déficit histórico que además se ha visto agravado por el incremento de la población en las últimas décadas y por la brusca caída de ingresos del gobierno autonómico provocado por la crisis económica sufrida.
Hasta ahora, ninguno de los gobiernos centrales, ni éste, ni anteriores, de un signo político ni de otro, ha corregido el desequilibrio, a pesar de que nadie cuestiona ya que el vigente modelo de financiación de las autonomías es desequilibrado y especialmente injusto con la Comunidad Valenciana y sus habitantes.
Existe infrafinanciación y, además, pese a que nuestra Comunidad aporta un 9,5% al PIB nacional, lo que la sitúa entre las primeras economías de España por volumen de PIB y liderando también los últimos datos de crecimiento económico, solo recibimos el 6% de las inversiones por territorio, con cargo al Estado.
El problema persiste, por eso el conjunto de la sociedad de la Comunidad Valenciana nos mantenemos firmes en la exigencia de reformar el caduco e injusto sistema de financiación. Urge el desbloqueo y el consenso político para resolver una cuestión que es de Estado y que, como tal, requiere un nuevo reequilibrio entre los distintos niveles del Estado y las diferentes comunidades autónomas.
Cumplido un año desde la firma del Manifiesto por una Financiación e Inversiones Justas para la Comunidad Valenciana que promovieron y firmaron las organizaciones sindicales CCOO PV y UGT PV, la CEV y todas las formaciones políticas con representación en Les Corts, sigue firme nuestro compromiso con la defensa de los objetivos en él acordados: la reforma inmediata del sistema de financiación, un reparto equilibrado de las inversiones del Estado y el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados.
Las decisiones de los gobiernos en materia de inversión condicionan el desarrollo, impulsan las áreas donde se invierte y sume en desventaja competitiva a los territorios más olvidados. Las inversiones productivas son la mejor garantía para ganar el futuro, generar riqueza y asegurar los puestos de trabajo.
El déficit de financiación y la falta de inversión afectan al correcto desarrollo de nuestro modelo productivo que debe sentar las bases de un crecimiento sostenible. Dos mil diecinueve debe ser un año clave para avanzar en todos y cada uno de los puntos del Manifiesto consensuado y firmado por todos.
Desde CEV hace ya bastante tiempo, venimos reivindicando que potenciar la accesibilidad de nuestra industria y comercio a los mercados europeos, como primera zona de intercambio de mercancías, es una prioridad.
Por eso desde las organizaciones empresariales reclamamos la conexión ferroviaria con Europa a través de un corredor mediterráneo plenamente desarrollado, con doble plataforma y la capilaridad necesaria en todo su recorrido; y, por otro lado, también con la cornisa cantábrica a través del corredor Cantábrico-Mediterráneo, que dará acceso a los mercados de la Europa más occidental.
No debemos olvidar que nuestra economía está volcada al exterior con una balanza comercial positiva y además con un potente sector turístico. La conexión ferroviaria con Europa que una nuestros centros de producción y distribución, puertos y aeropuertos con el resto de los países europeos de una manera ágil, rápida y segura se revela como necesaria para poder competir con mejores costes, eficacia y respeto al medio ambiente.
Somos conscientes que pedimos mucho, no más de lo que nos corresponde, pero si no es posible hacerlo solo hagámoslo unidos. Las administraciones públicas desempeñan un papel clave para estimular el crecimiento y el empleo mediante la orientación del gasto público hacia la inversión el fortalecimiento de la actividad económica y la promoción exterior. Para que este gasto sea productivo debe ser gestionado con criterios de eficiencia y transparencia. En este escenario de recursos escasos, la colaboración público-privada debe ser considerada como una solución, no como un problema.
El sistema por el que actualmente nos organizamos de libre mercado, en una economía global, exige eficacia y capacidad de competir. Los retos del siglo XXI son muchos, formación, investigación, tecnología, digitalización, innovación, energía, infraestructuras, capacidad de organización, estabilidad, etc., debemos estar a la altura, como mínimo, del resto de países de Europa de la que formamos parte.
No podemos ni debemos esperar más.
*Presidente de CEV Castellón
