De ninguna manera

Hace justo una semana, asistimos a la primera de las sesiones del debate de investidura de quien ganó las elecciones del pasado 23 de julio, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Allí pudimos ver sentado a un Pedro Sánchez ausente y distraído, negándose a participar de uno de los debates más importantes de nuestra democracia.

Quizás esa disimulada actitud fuera solo su imperiosa necesidad de que acabara pronto para que nadie se diera cuenta de su debilidad política, cuestión que no pudo ocultar a tenor de cómo los independentistas van marcando su paso, demostrando que este presidente en funciones parece ser capaz de todo, con tan de perpetuarse en el gobierno.

Me refiero al mismo Sánchez que, si bien antes de perder las elecciones aseguraba que la amnistía era inadmisible, ahora que han cambiado sus circunstancias políticas y que Puigdemont ya ha anunciado abiertamente que la ley de amnistía está sobre la mesa de las negociaciones, ahora elude el debate y se esconde tras un diputado, tratando de esquivar la cuestión para no incomodar a quienes tienen la llave de su gobernabilidad y, como objetivo, acabar con el sistema constitucional. Y es que este, parece ser el acuerdo político de Sánchez con sus socios, ya que no lo ha desmentido. Es decir, hablar de amnistía, si ya es grave de por sí, mucho más grave es usarla como moneda de cambio de una investidura.

No todo vale

Miren, soy de las que creen que en política no todo vale y, desde luego, que ningún fin justifica los medios y este, menos aún. Y esta filosofía que es compartida por muchos, parece ser que no lo es para Sánchez al que ningún precio le parece demasiado alto, con tal de mantenerse en el poder, cediendo ante todos y ante todo. Un peaje que de llevarse a cabo vamos a pagar todos los españoles. No hay precedentes en democracia sobre indultos a condenados por sedición y rebelión.

Si se tramita y aprueba una posible ley de amnistía para exculpar de los delitos a los responsables del 1-O, Sánchez sobrepasará otra línea roja, deslegitimando el Estado de Derecho.

De ninguna manera se puede consentir, porque la Constitución de 1978 es el marco de convivencia que nos dimos los españoles asumiendo el Estado de Derecho como principio. Y es que nadie está por encima de la ley y de lo que se le exige a un buen gobernante, que es cumplir escrupulosamente lo establecido en el ordenamiento jurídico y es defender la legalidad, la ejemplaridad porque cuando se vulneran las normas, las sociedades fracasan.

En estos momentos, España necesita, más que nunca, ser confiable y, desde luego, que en manos de independentistas no lo puede ser, como tampoco lo puede ser en manos de quienes se confían de ellos.

Igualdad entre españoles

Tuve el honor de estar presente en la sesión de investidura en el Congreso y, sinceramente, me hubiese gustado ver al presidente en funciones dar la cara y oírle debatir con Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones del 23J, para escucharle decir si está del lado de la legalidad y con la igualdad entre españoles, o con la casta independentista dispuesta a romper con el orden constitucional y, sobre todo, saber por qué si nunca el PSOE habló de amnistía y no lo llevaba en su programa electoral, ahora lo convierte en moneda de cambio para anclarse en el gobierno.

Lamentablemente lo único que oímos fue, de nuevo, un No rotundo al ofrecimiento del Partido Popular a pactar otra alternativa, a llegar a un consenso, a formar un gran pacto de gobierno entre los dos grandes partidos que nos permitiera avanzar en un país más próspero para todos los españoles, más confiable y más libre, sin ataduras, ni peajes, ni chantajes teledirigidos desde Waterloo.

Había una alternativa que es la que apoyaron la mayoría de españoles y representa el Partido Popular, el único partido que puede garantizar un Gobierno fuerte y libre de ataduras, fiable y capaz, con un presidente al frente que nos garantice la estabilidad de la nación y asegure la igualdad de todos los españoles.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora

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