Sentencia pionera por maltrato contra los dueños de una tienda de perros

Sentencia pionera. Un juzgado de Barcelona ha condenado a los dueños de un local de venta de mascotas por un delito continuado de maltrato animal. Al matrimonio formado por Alexandre A. P. B y Alina C., que regentaba el establecimiento Mundo Cachorro, sito en la capital catalana, se les ha impuesto una pena de un año y un día de prisión e inhabilitación de tres años y un día para ejercer oficio alguno que tenga que ver con los animales. En su tienda, los inspectores del Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana hallaron el 15 de octubre del 2015 perros extremadamente delgados, desnutridos, con heridas, con fiebre, problemas respiratorios y otras dolencias graves (en algunos casos su patología les produjo la muerte). El consistorio clausuró el negocio.

A pesar de que la Generalitat, que sancionó a esta empresa con 11.001 euros, no vio "dolo o culpa" en la actuación de Alina C., el juez Ricardo Yáñez Velasco ha aceptado la tesis de la fiscala Raquel Carillo y ha condenado a la pareja por un delito continuado de maltrato animal. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los acusados, que regentaban la tienda, "tenían conocimiento de que no se ofrecía tratamiento médico adecuado a los animales" enfermos que estaban bajo su cuidado, llegando a morir algunos cachorros. En la inspección se intervinieron 135 animales. 125 eran perros (ocho estaban en la enfermería) y seis gatos.

La sentencia expone que el local no contaba con registro oficial de ingresos y salidas de la enfermería, ni diagnóstico o pautas de medicación. Además, los animales enfermos no estaban aislados y tampoco se llevaban a cabo tratamientos de desinfección, "acreditándose una grave deficiencia higiénica en las jaulas", lo que favorecía el contagio. En opinión del juez, el escenario era de "indiscutible dejadez y ausencia de tratamiento necesario para cachorros enfermos, no separados, y así favoreciendo el contagio con otros", lo que produjo la muerte de nueve de ellos. El magistrado subraya que no hay "tipo alguno de justificación de esa situación".