El Consejo de Ministros extraordinario aprobó ayer un nuevo real-decreto ley de medidas urgentes contra los efectos del coronavirus que, en la práctica, movilizará unos 18.225 millones en actuaciones para reforzar el sector sanitario y ayudar a familias y empresas.

El plan incluye un adelanto de 2.800 millones a las comunidades para reforzar los servicios sanitarios. Esta cantidad es un anticipo de las pagos a cuenta de la financiación autonómica previstos para este año, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, se establece que pymes y autónomos podrán solicitar, aplazar y fraccionar deudas tributarias hasta el próximo 30 mayo. Durante este tiempo Hacienda permitirá que empresas y autónomos puedan aplazar hasta 30.000 euros en el pago de impuestos durante seis meses.

Las empresas tendrán también la posibilidad de devolver el dinero a los tres meses y, asimismo, no abonar nada en lo que respecta a los intereses. Además, podrán solicitar el aplazamiento por conceptos que hasta ahora tenían la consideración de inaplazables, tales como retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades.

El Gobierno de coalición PSOE- Podemos calcula que esta medida supondrá, en la práctica, una inyección de liquidez de unos 14.000 millones para empresas.

CRÍTICAS POR INSUFICIENTE / La quincena de medidas que incluye el plan apenas suponen, sin embargo, un mayor gasto presupuestario pues en su mayoría suponen adelantar gastos previstos, permitir aplazamientos de pago de impuestos o establecer líneas de créditos. «Se trata de un primer paquete de medidas urgentes. En las próximas semanas habrá más», dijo Sánchez, en la rueda de prensa telemática ofrecida tras una reunión del Consejo de Ministros. «No vamos a escatimar esfuerzos», añadió. «Los españoles pueden sentirse protegidos. Haremos lo que haga falta y cuando haga falta», remató.

Sin embargo, el plan presentado por el presidente fue criticado por insuficiente por parte de los líderes políticos del Partido Popular y de Ciudadanos. También la organización de autónomos ATA consideró las medidas «muy alejadas del SOS» lanzado por el colectivo al Gobierno.

En contra de lo que había anticipado el miércoles el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el Consejo de Ministros no aprobó aún ayer la nueva ayuda para padres que necesiten suspender o reducir sus jornadas por cuidado de hijos tras el cierre escolar. Tampoco se avanzó en medidas laborales.

GASTO SANITARIO / Entre las medidas aprobadas ayer sí se incluye «movilizar» 1.000 millones del fondo de contingencia de los Presupuestos para intervenciones prioritarias señaladas por Sanidad. Además, el Gobierno se reserva la capacidad de regular precios máximos de venta de medicamentos y material sanitario y garantiza su abastecimiento.

También se transfieren 25 millones a las autonomías mediante becas-comedor contra la pobreza infantil. Además, las becas de comedor se podrán hacer efectivas a pesar de que los colegios estén cerrados, medida tomada ayer para los centros del país.

El decreto establece una nueva línea de créditos blandos a cuenta del ICO por importe de 400 millones para los sectores de transporte y hostelería. Y se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.