El Gobierno reduce un tercio sus filtros verdes en el Mar Menor

El cinturón verde que el Ministerio para la Transición Ecológica plantea en el entorno del Mar Menor continúa su tramitación en los despachos a la espera de comenzar algunas de las obras este mismo año, pero avanza ahora un poco más delgado. El departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera ha reconfigurado parte de este proyecto en lo que concierne a los futuros filtros verdes, donde se tratará el agua del acuífero para eliminar sus nitratos. El planteamiento inicial del Ministerio hablaba de seis ubicaciones donde se procesaría el agua subterránea del Campo de Cartagena, pero finalmente acotan estas actuaciones a cuatro puntos distribuidos cerca del litoral de la laguna salada.

En concreto, los técnicos de Transición Ecológica han optado por avanzar en el desarrollo de unos filtros verdes ubicados en la finca Torre del Negro, cerca de Punta Brava y Los Urrutias; el de la rambla de Miranda, un poco más al norte; otro ubicado en las proximidades de la depuradora de Los Alcázares y uno más en El Mirador de San Javier. Estas ubicaciones corresponden a puntos donde el nivel freático del acuífero estaría más elevado, por lo que se podría captar agua de los pozos con más facilidad. Es precisamente este factor el que ha condicionado eliminar dos de los emplazamientos planteados.

Fuentes de la Oficina Técnica del Mar Menor, organismo que tramita el Marco de Actuaciones Prioritarias del Ministerio para recuperar la laguna, señalan a esta Redacción que, para que los filtros trabajen bien, "es esencial que haya una buena transmisividad hidráulica (capacidad del agua para fluir entre la porosidad de la tierra), de forma que se puedan recargar los pozos y extraer un volumen importante de agua con un esfuerzo moderado". Esta clave, sumado a la "inviabilidad de algunos emplazamientos" o la falta de "presencia suficiente de agua en el freático", ha obligado a repensar algunas ubicaciones. Como ejemplo está el humedal de la Hita, en Los Narejos, donde el Ministerio planteaba un filtro verde que finalmente no se hará.

Humedales seminaturales

Respecto a los tres humedales, que costarán 26,2 millones de euros y ocuparán 114 hectáreas, entrarán en una fase de evaluación ambiental que durará cuatro meses. "A partir de ahí se podrán empezar las actuaciones a medida que se disponga de los terrenos necesarios", señalan desde la Oficina del Mar Menor. El que más alegaciones ha recibido ha sido el de San Pedro, al norte de Las Salinas y junto a la desaladora. El Ministerio señala que se han admitido algunas de las aportaciones, y añade que tres de cada cuatro alegaciones muestran estar de acuerdo con el proyecto. La intención es "avanzar en la disponibilidad de los terrenos e inicio de las obras antes de finalizar este año 2023".

Los humedales reducirán la entrada de 13 toneladas de nitratos y dos de fósfatos cada año. Los filtros verdes y las áreas de renaturalización absorberán 495 toneladas de nitratos.

Suelos mineros

Respecto a las instalaciones y depósitos mineros, Transición Ecológica intervendría en 59 emplazamientos que ocupan una superficie de 285 hectáreas, con una inversión prevista de 73,7 millones de euros. Queda pendiente iniciar la restauración de los suelos mineros en un área de 421 hectáreas, proyecto que será sometido pronto a evaluación ambiental.

Regadío ilegal

El control sobre el regadío ilegal ha llevado a la Confederación Hidrográfica del Segura a destapar 8.806 hectáreas que empleaban agua para sus cultivos sin que los agricultores tuvieran autorización ni estuvieran inscritas las parcelas en los registros del organismo de cuenca. Estas son 350 más que las inicialmente detectadas en 2020, ya que, como avanzó este periódico en febrero, en cada campaña de cultivo los agentes de la CHS continúan detectando el riego ilegal, una práctica que intentan atajar con la suspensión temporal de la actividad agrícola, el corte del suministro de agua y el precintado de las conexiones con la red principal.

El último informe que detalla las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica en el Mar Menor se menciona que hasta mayo la Confederación interrumpió el suministro de agua procedente de las desaladoras de Valdelentisco y Escombreras a 24 explotaciones agrarias, con una superficie de 1.523 hectáreas. El incumplimiento de las autorizaciones temporales que se concedieron con motivo de la sequía de 2016 ha motivado estos expedientes sancionadores, unas actuaciones que han sido posteriormente reafirmadas por los tribunales. 

La CHS sí destaca que, entre todo el regadío ilegal detectado, el 77% del mismo se cerró por propia voluntad de los agricultores. Por otro lado, aquellas fincas en las que sí ha sido necesario que entrasen los técnicos de la CHS y los agentes para proceder a la desconexión del agua, su superficie apenas representa un porcentaje destacada entre el total: casi 500 hectáreas. 

Otras actuaciones han centrado la atención en el control de las explotaciones ganaderas de la cuenca del Mar Menor. Desde julio del pasado año la CHS ha impuesto 112 multas por vertidos contaminantes de balsas de purines o aguas residuales urbanas. Esto ha supuesto recaudar 575.000 euros entre las propias sanciones por el daño ambiental causado y por los impactos sobre el dominio público hidráulico, competencia de la Confederación Hidrográfica.

"Con relación al control de explotaciones ganaderas de porcino, se está efectuando la inspección de granjas mediante fotointerpretación y visitas a terreno, valorando el cumplimiento de la normativa aplicable prestando especial atención en lo referente a la impermeabilización de las balsas de purines", explica la CHS. 

Las lluvias de mayo ha llevado a realizar visitas de campo a las explotaciones ganaderas ubicadas en las proximidades de ramblas, sobre todo de la rambla del Albujón, para el control e identificación de posibles desbordes de las balsas de purines y vertidos a la red de drenaje superficial o a terreno.