Más de medio millón de euros en multas a los agricultores por la Ley del Mar Menor

La Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor cumple tres años y pasa ahora por las miradas de todos en plenas negociaciones para formar Gobierno autonómico en la Región de Murcia e investir a un presidente. La norma es objeto de atención ante la petición de Vox de derogarla o modificarla para apoyar a la elección de Fernando López Mirascomo jefe del Ejecutivo regional. Es también centro de las críticas del sector agrario por sus exigentes condiciones para cultivar en la comarca del Campo de Cartagena.

Pese a todo ello, la ley continúa desarrollándose, con retrasos respecto al calendario inicial. Uno de los aspectos destacados es la puesta en marcha del registro público de expedientes sancionadores que se han abierto por incumplimientos en el campo. La Comunidad no detallaba hasta ahora qué tipo de infracciones se habían cometido para imponer estas multas y se limitaba a señalar el número de expedientes o qué cuantía alcanzaban las sanciones. 

Según el último informe de la Dirección General de Mar Menor, desde la entrada en vigor de las limitaciones a la actividad agrícola en diciembre de 2019 (cuando la ley no estaba convalidada todavía en la Asamblea) se han abierto 355 expedientes, de los cuales se han resuelto 230. El pasado año, los casos que terminaron en sanción económica ascendieron a 106, mientras que en lo que llevamos de este el total llega a 35. 

Pese a esto, el nuevo registro recoge 233 expedientes donde se concreta el motivo por el que se sanciona, la resolución de la infracción o la cuantía económica. La suma de todas las multas cuyos casos están cerrados y sancionados supera el medio millón de euros. Algunas de estas llegan hasta los 60.000 euros, 55.000 euros o 50.000 euros las más altas. Sin embargo, en 131 casos se han cerrado sin que llegue a haber multa, es decir, el 56% de los expedientes abiertos en los últimos tres años y medio. 

Entre los argumentos que expone la Comunidad para cerrar estos casos están el archivo de los mismos (hasta 47 expedientes) o su caducidad (14 ocasiones); en otros muchos no se llega a especificar la razón. 

Las causas más comunes

Las sanciones se han impuesto a agricultores de todos los municipios cuyos territorios están delimitados por la Ley del Mar Menor. La mayoría de las causas para sancionar responden a situaciones como no haber implantado barreras vegetales para retener las escorrentías en las fincas o no inscribirse o tener actualizado los datos de la explotación en el registro oficial de parcelas. Otros razones sí están consideradas más graves, como los seis casos donde se detectó apilamiento de estiércol en las fincas, incumplir el límite máximo de cantidad de fertilizantes inorgánicos, labrar el campo en sentido al Mar Menor o cultivar a menos de 500 metros de la laguna, saltándose la barrera de protección de los primeros 1.500 metros tierra adentro. 

Otras causas responden a la falta de registros que debe cumplir cada agricultor para llevar un control sobre sus terrenos: no comunicar el volumen de agua que consume en un año, no tener actualizado el cuaderno de campo o apuntar datos falsos, no tener una sonda para monitorizar la humedad de la parcela o no aportar el cálculo del Balance del Nitrógeno. El Gobierno está tramitando a día de hoy, según este registro público, 21 expedientes. 

Las sanciones no son sólo económicas. Y es que la Consejería de Medio Ambiente impone como castigo adicional la pérdida del derecho a recibir ayudas públicas o la suspensión de la actividad agrícola en la parcela cuando la infracción es muy grave. También aclara en qué casos se ha retomado la legalidad en las explotaciones.