Dime que dice el juez y te diré a qué cole vas

Un padre de Vigo acudía ayer a Inspección Educativa de la Xunta de Galicia para solicitar la escolarización provisional de sus hijos menores de edad –cursan 2º de la ESO y 4º de Educación Primaria– mientras esperan la resolución judicial de la demanda que presentó para que los niños dejen el colegio privado en el que llevaban años matriculados por otro concertado frente al criterio de la madre que sí quiere mantenerlos en dicho centro educativo. Al tener una condena no firme por malos tratos, todo el proceso de divorcio y cuestiones civiles dependen del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en lugar de los especializados en Familia, que todavía no ha resuelto sobre qué progenitor ostentará la potestad para decidir sobre la escolarización de los menores al no ponerse de acuerdo los padres.

Interés último del menor

Este es solo un ejemplo, pero en la ciudad, al año, son más de 300 exparejas las que presentan demandas relativas a la escolarización o a permisos para viajar relativas a sus hijos menores de edad. Al existir una discrepancia entre ambos y ostentar los dos la custodia de los hijos, es el juez el que, siempre atendiendo al interés último del menor, el que determina qué progenitor debe de tener la última palabra sobre la educación del niño. Colegio religioso o no, de pago o público, o incluso acudir fuera de la edad obligatoria son algunas de las cuestiones que se dirimen en estos procedimientos conocidos como jurisdicción voluntaria, de los que el año pasado se presentaron 380.

Demoras en la resolución

Si bien pueden presentarse estas demandas a lo largo de todo el año, explica un magistrado que es la época de febrero o marzo, coincidiendo con la apertura de las matriculaciones, la que centra buena parte de ellas. En el caso concreto expuesto; la demora en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Vigo ha ralentizado tanto el proceso que si bien la demanda fue presentada el 11 de mayo, a día de ayer todavía no había respuesta.

Esto motivó que durante una semana, los menores no acudieron a centro educativo alguno ya que , tanto el padre como los dos niños, se negaban a volver al colegio privado en el que cursaban. Pese a ello, hay que recordar que la escolarización entre los 6 y los 16 años es obligatoria.

Esta situación motivó la obligatoridad del padre de personarse ayer en las dependencias autonómicas para que sea la Inspección Educativa la que determine, de forma momentánea, el centro educativo de los hermanos. En estos casos se suele fijar el más próximo al domicilio de los menores.

En caso de negarse a su escolarización, el progenitor podría arriesgarse a un expediente de absentimo que derivaría en un posible delito de abandono de familia.

CEIP Igrexa-Candeán

“La falta de cobertura de la plaza de docente que quedó vacante por jubilación está afectando a la calidad educativa de los niños”-. A esta conclusión han llegado los padres y madres de los alumnado del CEIP Igrexa-Candeán, que ayer se han concentrado frente a las puertas del centro para pedir a la Xunta que repongan esta plaza que, a dos días del inicio del curso, se les comunicó no sería reemplazada.

Las familias recuerdan en un comunicado, que la mitad de los niños del colegio cuentan con necesidades educativas especiales mientras que los docentes existentes hacen mucho más que dar docencia, como atender a los planes y programas del centro, los contratos programa, el plan de biblioteca o el plan digital. “Para que el profesorado pueda atender a la calidad educativa de forma más racional y efectivo, necesita contar con medios y recursos suficientes que no son tenidos en cuenta por la Consellería de Educación”, puntualizan.

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