La inquilina de un piso "okupa" su habitación y expulsa a las compañeras

La crisis de la vivienda en València tiene un nuevo capítulo, quizás el más inverosímil. En el número 37 de la calle Duque de Gaeta, en el barrio de Aiora, la inquilina de un piso compartido ha “okupado” su habitación y ha logrado expulsar al resto de compañeros. Lo ha hecho convirtiendo su día a día en un infierno. 

Todo comenzó a finales de 2022, cuando uno de los inquilinos dejó este piso de tres habitaciones para mudarse con su pareja. Dos candidatos optaban a cubrir el vacío, otro chico y R., ganadora final del casting. “Al principio parecía encantadora pero era todo mentira. Es una persona que se dedica a robar todo lo que tienes. Una vez dentro, no había ley para ella. Nos metió a sus dos perros, fumaba donde quería, no respetaba absolutamente nada… y al segundo mes dejó de pagar el alquiler de su habitación”, denuncia Ann, de 36 años, inquilina de la vivienda durante los últimos ocho años. 

Habla con dolor de lo que considera su hogar porque este piso lo adquirió inicialmente la madre de Ann para que su hija viviera en él, pero circunstancias personales obligaron a que se desprendiera del inmueble con una única condición: el comprador del piso debía permitir a Ann y su perro seguir alquilando. Así sucedió. Carolina, actual propietaria de la vivienda, dejó que Ann se quedara con una renta de 200 euros mensuales—gastos aparte—, mismo precio que su compañero Chuan con una antigüedad similar y 50 euros más para la nueva inquilina. 

"Nos vendió la moto"

Entonces entró R. y la convivencia saltó por los aires. “Nos vendió la moto. Nos dijo que no tenía trabajo pero que pensaba empezar en dos semanas. Que mientras tanto la asistencia social pagaba la fianza y el primer mes de alquiler. Luego vimos que jamás salía de casa. Ya había sido desahuciada de otra vivienda un par de años antes”, narra Ann. 

De ahí la extrema complejidad y los claroscuros de la situación. Sin ingresos aparentes, la inquilina morosa presenta una vulnerabilidad que le impediría acceder a una alternativa habitacional. Y en la práctica no se puede hablar de “okupación” porque la mujer de 40 años sigue teniendo contrato en vigor. Corresponde a un juez declarar si el impago constituye un incumplimiento de dicho contrato.

Ann terminó dejando el piso en julio consumida por la ansiedad, pero sigue pagando el alquiler porque alberga allí sus muebles y un importante sentimiento de pertenencia. Chuan también se largó a principios de este año. Y la inquilina díscola ha llevado su atrincheramiento al extremo dejando una llave dentro de la cerradura. “Cada vez que quiero entrar en mi piso tengo que llamar a la Policía Local. Ya he llamado unas siete veces. Ellos la amenazan con llamar a los bomberos para que tiren la puerta abajo; entonces entra en razón y abre”, relata Ann. 

Al respecto, su casera Carolina lamenta que la problemática arrendataria se haya cerrado a negociar mientras continúa degradando la convivencia de la zona. “Hay quejas de los vecinos por el olor que dejan sus perros y porque pone la televisión a todo volumen. La cocina estaba reformada y ha quemado la encimera. También ha quitado muebles del baño”, dice la propietaria del inmueble. “Cuando sus compañeros entran en casa con la Policía ella se atreve a denunciarlos por allanamiento de morada. Y luego no se presenta a los juicios”, señala. 

Denuncias cruzadas

La tensión del conflicto ha escalado en los juzgados y no solo por parte de la inquilina morosa. Carolina y Ann buscan minar su resistencia de varias formas. Por un lado, existe un procedimiento civil enfocado en dirimir si el impago del alquiler es motivo de desahucio, considerando, como se ha dicho, que la inquilina está en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, el gabinete Sanz & Gavilà se ha centrado en la parte penal y ha denunciado a R. por diferentes motivos, desde maltrato animal –alegan que tiene a sus perros desatendidos y en mal estado de salud– hasta la coacción por impedir el acceso a la vivienda del resto de moradores.