COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

Un laboratorio de evaluación de políticas para personas en exclusión y más cobertura del IMV: así son las prioridades de Inclusión

Elma Saiz recuerda en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la feminización de la migración se ha acentuado en la última década en España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. / EP

María G. San Narciso

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar las prioridades de trabajo de su departamento durante esta legislatura. Entre ellas ha destacado el deseo de mejorar la cobertura del ingreso mínimo vital (IMV), con menos requisitos para que alcance a más potenciales beneficiarios, o la colaboración de su ministerio con el Premio Nobel Abhijit Banerjee, con quien se reunió la tarde de este pasado martes, en la evaluación de sus políticas a través de un Laboratorio de Política Social.

La prestación del ingreso mínimo vital se aprobó en mayo de 2020, cinco meses después del inicio de la anterior legislatura y dos meses después de que se decretara el estado de alarma en España por la pandemia de la Covid-19. Tres años y medio desde entonces, y con una inversión anual del ministerio de casi 3.000 millones de euros al año, más de 750.000 familias se han beneficiado de ella. Son un total de dos millones de personas, casi la mitad menores, que "equivalen al 45% de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema en España". Desde su instalación en 2020, la ministra ha asegurado que los umbrales de renta han aumentado un 31%. De esta forma, una persona adulta que viva sola tiene garantizados unos ingresos mínimos de 785 euros al mes, y una familia de dos adultos y dos menores, unos 1238 euros.

Sin embargo, sigue sin llegar a todas las personas que lo necesitan. "Aun reconociendo lo hecho hasta ahora, tenemos que seguir avanzando e implementando mejoras en la gestión de la prestación que faciliten su solicitud y tramitación, adecuando los sistemas de información a la ciudadanía", ha señalado Saiz. Por ejemplo, la ministra ha informado de que pretenden eliminar la extinción de la unidad de convivencia cuando fallece el titular. Ahora mismo, en la práctica supone que se tenga que volver a solicitar la prestación. Y algo parecido sucede con el empadronamiento de una nueva persona en el hogar cuando es beneficiaria del IMV. También para ellas quieren eliminar la extinción automática.

"Continuaremos haciendo esfuerzos para dar a conocer el ingreso mínimo vital entre los potenciales beneficiarios a través de campañas de información específicas e impulsaremos medidas de búsqueda activa entre los potenciales beneficiarios que aún no han accedido a la prestación", ha asegurado, reconociendo que "no todas las personas que podrían tener derecho a la prestación terminan solicitándola".

Laboratorio de políticas

Saiz también ha anunciado la creación de un laboratorio de evaluación de políticas junto con el profesor Abhijit Banerjee, premio Nobel de Economía. "Cuando acabe el proceso de evaluación en marzo de este mismo año habremos obtenido evidencias respecto a las actuaciones que pueden tener mayor o menor impacto en el acompañamiento de las personas vulnerables. Porque hay un aspecto fundamental: aun siendo imprescindible la garantía de ingresos, no es suficiente para sacar a nadie de la exclusión", ha señalado.

En opinión del ministerio, se necesitan políticas de acompañamiento como las que han desarrollado en proyectos de refuerzo de la autoestima, de inserción en la comunidad, de atención sanitaria, de refuerzo educativo o de capacitación laboral: "Subrayo que las situaciones de pobreza no se combaten exclusivamente con una renta mínima. Se necesitan políticas sociales que acompañen a las personas en la amplitud de sus necesidades".

Reforzar el sistema de acogida

En materia de migración, Saiz ha señalado que, a tenor de los datos de llegadas en 2023, es necesario incrementar las capacidades del sistema de acogida de protección internacional. Así, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, en los próximos cuatro años tienen previsto aumentar tanto las plazas como la atención humanitaria que se gestionan directamente por su departamento.

Además, ha indicado que van a prestar especial atención a colectivos de especial vulnerabilidad, potenciando la red de centros de acogida para las personas demandantes de protección internacional por razones de LGTBIfobia y para personas con discapacidad. "Si bien ya hay centros y recursos sensibles a la atención adecuada y específica, en el sistema de acogida se profundizará la atención este colectivo", ha señalado. Está previsto que las entidades con las que se lleva a cabo la acción concertada tengan un porcentaje de plazas reservadas a personas con estas circunstancias.

Más mujeres en el extranjero

Saiz también ha hecho hincapié en que, desde 2018, el crecimiento de la población nacional en el extranjero se produce esencialmente a expensas de las mujeres. Mientras que el número de hombres nacidos en el extranjero ha aumentado en 150.000 personas, las mujeres lo han hecho en 568.000, lo que representa el 81% del total.

"A pesar de que en los últimos tres o cuatro años se haya estabilizado, este importante incremento de las mujeres ha afectado a la composición de la población nacida en el extranjero en España. En ellas ha aumentado en un 3% desde el año 2010. Además, la concentración laboral en los ámbitos de los cuidados y en el hogar hace que las mujeres extranjeras estén en una situación de vulnerabilidad mayor", ha asegurado.

Que se haya acentuado "de forma notable" la feminización de la migración en la última década en España reclama, según la ministra, un reconocimiento específico en el fenómeno migratorio. "Esta desigualdad sistémica, produce, entre otras cosas, que un 36,7% de mujeres víctimas de violencia de género sean extranjeras", ha indicado.

En concreto, la tasa de víctimas por cada mil mujeres de 14 años o más fue casi tres veces superior entre las mujeres extranjeras que entre las españolas. Esto supone una "sobrerepresentación extraordinaria sobre el total de mujeres residentes en España", por lo que cree que se necesitan articular políticas y procedimientos concretos que aborden las situaciones específicas de las mujeres extranjeras en el país. Con el objetivo de reforzar su protección y la perspectiva de género, ha anunciado que, en el sistema de acogida y en el programa de atención humanitaria, se establecerán diversos mecanismos de evaluación y mejora continua de los protocolos que ya hay en colaboración con organizaciones como ACNUR.

También se compromete a modificar el Reglamento de Extranjería para reducir las múltiples figuras de permisos que están ahora vigentes, como anunció el pasado mes de diciembre. Con ello buscan potenciar la tramitación telemática de procedimientos, regular un estatus propio de familiares de ciudadanos españoles y adaptar las condiciones para la obtención de un permiso de residencia de larga duración con la Tarjeta Azul.