El Gobierno reactiva la ley de familias, pero no ata la ampliación a 20 semanas de las bajas por nacimiento

El Gobierno ha aprobado este martes la ley de familias que se quedó encallada la legislatura anterior debido a los choques entre el PSOE y Podemos y el adelanto electoral. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto similar al que fue remitido al Congreso hace casi un año, con el fin de que el texto no tenga que volver a ser estudiado por los órganos consultivos y pueda entrar en vigor cuanto antes, con el horizonte de que llegue al BOE en verano. Solo se ha excluido de la ley las medidas ya aprobadas por real decreto el pasado junio y que están en vigor, como los tres nuevos permisos de cuidados (de cinco días, de cuatro días y de ocho semanas, sin remuneración).

Las nuevas bajas constituían la parte más sustanciosa de una ley que, además de favorecer la conciliación, también tiene como objetivo reconocer la creciente diversidad familiar, mejorar la protección social de los hogares con más necesidades y rebajar el preocupante índice de pobreza infantil, dado que España es el país de la UE con una mayor tasa.

La ley contiene propuestas que tendrán un impacto presupuestario de 1.200 millones de euros, inversión que podría ampliarse si en el Congreso se incorporan las medidas del pacto de coalición

Para ello, la norma contiene propuestas que tendrán un impacto presupuestario de 1.200 millones de euros, inversión que podría ampliarse si en la tramitación parlamentaria se incorporan las medidas que contiene el pacto de coalición entre PSOE y Sumar, como la ampliación a 20 semanas de los permisos por nacimiento o la remuneración de cuatro de las ocho semanas del permiso parental de cuidados que se aprobó en junio.

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Estas son las claves de la nueva ley y de las medidas que podrían incorporarse - o no- en el Congreso:

Diversidad familiar

La ley reconoce y da protección jurídica a todos los tipos de familia, con el fin de garantizar la igualdad de derechos. En este contexto, la norma crea un marco de reconocimiento específico para las familias LGTBI, para las que tengan algún miembro con discapacidad, para las de partos múltiples, para las reconstituidas, adoptivas o acogedoras.  

Parejas de hecho

La norma culmina la equiparación de los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho ya iniciada. En el real decreto de junio del 2023, se aprobó que las segundas puedan gozar de 15 días de permiso tras el registro y en 2021 se reformó la pensión de viudedad para igualar a parejas de hecho y matrimonios. Y en ley de familias se introducen otras equiparaciones y la creación de un registro estatal.

Familias numerosas: cambio de nombre

La ley crea un paraguas denominado ‘familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza’ que engloba a las familias numerosas y a otras, como las unidades monoparentales con dos hijos o los hogares con dos hijos y que un miembro tenga una discapacidad. Todas ellas gozarán de los beneficios sociales y fiscales que tienen ahora los hogares con más de tres hijos. Pero los representantes de este colectivo piden volver al término ‘familias numerosas’, algo a lo que está dispuesto el Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de la ley, si algún grupo hace hincapié en este asunto en la negociación parlamentaria, según apuntan fuentes de este departamento.

La ley reconoce como familias numerosas de categoría especial aquellas con cuatro hijos (ahora es con cinco) y con tres hijos en familias de rentas bajas. Además, en caso de divorcio con custodia compartida el título de familia numerosa lo podrán ostentar ambos progenitores.

Familias monoparentales

La ley crea el título de familias monoparentales, que da derecho gratuito a 16 semanas de escolarización en guarderías y "acceso prioritario" a vivienda pública y ayudas. Pero los beneficios de los que cuentan las familias numerosas en deducciones, transporte, entradas, becas, etc. solo serán para las familias monoparentales con dos hijos, una medida que este colectivo considera “insuficiente” dado que deja fuera al 70% de los hogares con un solo progenitor -y que solo tienen un hijo-. Se trata de uno de los principales déficit de la nueva ley.

Los permisos

El pasado junio se aprobaron los tres permisos incluidos en el anteproyecto y destinados a favorecer la conciliación porque se acababa la legislatura y era una exigencia europea que el Gobierno cumplió con retraso. Uno da derecho a ausentarse hasta cuatro días por causa de fuerza mayor, el segundo a cinco días por accidente o enfermedad grave de un familiar y el tercero es un permiso parental de hasta ocho semanas, no retribuido. La exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Podemos), peleó porque fuera retribuido, pero no lo consiguió. El ahora ministro, Pablo Bustinduy (Sumar), se ha comprometido al menos a financiar cuatro de las ocho semanas, antes del próximo agosto, como marca la directiva europea de conciliación.

Es una de las medidas incluidas en el acuerdo de coalición que Sumar ha incorporado a la negociación de los presupuestos de 2024 y que también defenderá en la tramitación parlamentaria de la ley de familias. Otra de ellas es la ampliación a 20 semanas del permiso por nacimiento, que ahora para ambos progenitores es de 16 semanas. Pero esta por ver si consigue alguno de sus propósitos, puesto que Podemos no lo logró en la legislatura anterior, básicamente por sus choques con el PSOE y por falta de presupuesto.

Lo que sí incluye la ley y no es necesario negociar, si la norma sale aprobada, es que el segundo progenitor o el padre pueda anticipar su suspensión de contrato 10 días antes de la fecha prevista del parto. Días que no se descontarán de las 16 semanas de permiso.

La renta básica

Derechos Sociales defiende también la necesidad de impulsar una “renta de crianza universal” para todas las familias con hijos hasta los 18 años. De momento, mediante las deducciones por maternidad para madres trabajadoras -el cheque bebé de 100 euros- y la ampliación del Ingreso Mínimo Vital, en la pasada legislatura se logró que en torno al 95% de las familias con hijos de 0 a 3 años reciban algún tipo de prestación. Y Bustinduy va a intentar, vía presupuestos o vía enmiendas a la ley de familias, ampliar las ayudas para llegar, al menos, a todas las familias con niños hasta 6 años. "La ley de familias (que reconoce el derecho a la prestación hasta los tres años) es un punto de partida para la extensión de la renta en un futuro", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.