La Guardia Civil ha detenido a seis empresarios españoles, tres de los cuales han ingresado en la prisión de Picassent, y ha liberado, en una operación denominada Huerta, a 40 inmigrantes a los que explotaban laboralmente bajo amenazas y coacciones.

Según informó ayer la dirección general de la Guardia Civil, los inmigrantes, de los que tres eran menores de edad, realizaban labores agrícolas en la comarca valenciana de La Ribera "en condiciones infrahumanas, sin permiso de residencia, de trabajo o sin contrato laboral ni seguridad social".

Fuentes de la investigación indicaron que los detenidos, M.G.E., de 39 años; A.G.E.,de 54: A.G.G.E., de 49; F.G.E., de 44; E.G.E, de 42 y A.G.E., de 36 años, son integrantes de la misma familia y que las detenciones se produjeron el pasado día 5.

Tras las investigaciones realizadas, la Guardia Civil averiguó que en la localidad valenciana de Alginet existía una "organización a modo de empresa que se valía de una nave industrial, un bar, ocho viviendas y varios vehículos de transporte, para explotar a los inmigrantes bajo amenazas y coacciones".

La organización, ahora desmantelada, utilizaba un establecimiento de hostelería para captar inmigrantes con la falsa promesa de proporcionarles un contrato de trabajo por el que debían abonar 3.000 euros. La Guardia Civil añadió que cuando los inmigrantes reunían esa cantidad, los ahora detenidos les decían que a partir de ese momento debían pagar 6.000 euros.

Las labores que realizaban los inmigrantes consistían en pelar y empaquetar ajos, por lo que cobraban un euro por hora y el sueldo, entre 20 y 30 euros, les era entregado semanalmente en sobres, en los que figuraba la fecha, el nombre y el dinero percibido. Además, los empresarios detenidos disponían de un edificio con ocho viviendas, que ofrecían en alquiler a un precio de entre 300 y 400 euros, que debían abonar entre todos los inmigrantes que dormían en esos pisos y que estaban amenazados con ser desalojados si dejaban de trabajar en esa empresa.