Juzgan en Castelló a una red por blanquear dinero de prostitución

La Audiencia Provincial de Castellón juzga el próximo día 10 de mayo a dos acusados de un presunto delito continuado de blanqueo de capitales (ya condenados en el año 2019 por prostitución e inmigración clandestina) y pide para ellos penas de cinco años de prisión. Un tercer implicado se encuentra huido de la Justicia.

El Ministerio Público sostiene que los procesados se dedicaban a organizar la entrada irregular en España de mujeres de nacionalidad nigeriana para el ejercicio de la prostitución en Castellón. Una vez las víctimas se encontraban en territorio nacional, se les informaba de que habían adquirido una deuda en concepto de transporte de aproximadamente 55.000 euros. Como suele suceder en estos casos, se trataba de una deuda que, según informaba la organización a las chicas, se incrementaba en 100 euros diarios en concepto de manutención y alojamiento. 

La misma, según mantenía la red de explotación sexual, debía ser satisfecha necesariamente mediante el ejercicio de la prostitución, usando presuntamente los acusados --en connivencia con terceros-- la violencia e intimidación si era necesario. Según la Fiscalía, desde el año 2001 los procesados han sido preceptores de dinero que venía del tráfico ilegal de inmigrantes y de prostitución coactiva. Estas personas, sabedoras del origen ilícito de las cantidades, las ingresaban en cuentas bancarias de las que eran titulares o en las que estaban autorizadas. 

‘Modus operandi'

El Ministerio Público sostiene que los procesados vieron incrementado de forma notable su patrimonio y, según consta en el escrito de acusación provisional, estima que los procesados lograron unos beneficios de 250.000 euros mediante ingresos, transferencias y todo tipo de operaciones a través de una decena de cuentas corrientes que han sido objeto de la investigación policial y judicial. La acusación asegura que dichas cantidades de dinero fueron introducidas en el sistema financiero haciendo uso de terceras personas no identificadas, a través de la obtención de préstamos personales, operaciones de compraventa de valores, garantías hipotecarias que no fueron satisfechas etc..

Además de la pena de prisión, la Fiscalía aboga por el pago de una multa de 325.296 euros para uno de los procesados y de 408.835 para el otro.

La pandemia del coronavirus ha favorecido el traslado de mujeres prostituidas en Castelló a pisos clandestinos, como ya publicara este diario, y también el uso de las webcam como mecanismo de explotación sexual digital. Las restricciones de movimientos han reducido la presencia de chicas en la zona del camí Caminàs.