Nueve integrantes de una red de traficantes de drogas que abastecía de cocaína al sur de la provincia de Castellón se sentarán el próximo día 29 en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia para enfrentarse a penas que oscilan entre los cinco y los seis años y medio de cárcel.
Los acusados, según sostiene el fiscal en su escrito provisional, al menos desde el año 2014, venían desarrollando de forma conjunta la actividad delictiva de venta de sustancias estupefacientes. El presunto cabecilla conseguía cantidades importantes de droga y la suministraba a los vendedores al por menor, entre los que se encontraban los integrantes del grupo.
Los investigadores del caso realizaron seguimientos al supuesto líder y acabaron sorprendiéndolo con 150 gramos de cocaína en su poder --con una pureza del 74%--, destinada a su venta a terceros. Esta sustancia hubiera tenido en el mercado un valor de 8.497 euros, según el escrito de la Fiscalía.
Como consecuencia de la intervención antes referida y de la detención de dos de los acusados, se autorizaron judicialmente diversos registros en viviendas de miembros de la organización.
En concreto, en dos casas de Nules los agentes hallaron hachís, cannabis, cocaína, bolsas de plástico y alambres para elaborar dosis y 3.800 euros en efectivo.
En otras tres viviendas de Burriana encontraron las mismas drogas y enseres para su preparación y venta al por menor, así como más de 13.300 euros.
El último registro se produjo en una vivienda del Grau de Burriana, con hallazgos similares.
Para el desempeño de su actividad criminal, los procesados hacían uso regular de tres coches y una motocicleta.
Los hechos narrados son constitutivos, a ojos de la Fiscalía, de un delito de pertenencia a organización criminal y dos contra la salud pública --uno en la modalidad de sustancias que causan grave daño y otro respecto de las que no causan grave daño--.
Reincidencia y drogadicción
En uno de los procesados concurre la circunstancia agravante de reincidencia y en refencia a otro, la atenuante analógica de drogadicción --es consumidor de cocaína con criterios de dependencia y se encuentra sometido a tratamiento de desintoxicación--. Además de las citadas penas de prisión solicitadas, el fiscal aboga por al pago de una multa de 25.000 euros para cada uno de los procesados.
El juicio comenzará con la declaración de los acusados que, tal y como recoge la ley de enjuiciamiento criminal, no están obligados a responder y pueden elegir guardar silencio o contestar solo a aquellas preguntas de las partes que les beneficien.
