Victoria civil: el Europarlamento aparta la vigilancia masiva de la ley contra el abuso sexual a menores

Pequeña gran victoria para las organizaciones en defensa de los derechos digitales. Este martes, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha adoptado su posición sobre la esperada ley contra el abuso sexual infantil y ha eliminado la vigilancia masiva de las telecomunicaciones, su aspecto más controvertido.

Un documento filtrado desvela que España quiere rastrear tus mensajes privados para detectar ilegalidades

Con 51 votos a favor, dos en contra y una abstención, los encargados de redactar esta nueva regulación han aprobado que las autoridades judiciales puedan autorizar órdenes para detectar y retirar contenido de explotación infantil. Se podrá recurrir a la vía legal como último recurso y cuando otras medidas no hayan logrado atenuar el problema.

El acuerdo sellado este martes excluye que la detección afecte al cifrado de extremo a extremo. La proposición inicial, impulsada por la Comisión Europea, exigía a las grandes plataformas digitales –de WhatsApp a TikTok, de los videojuegos a la nube– rastrear de forma indiscriminada las comunicaciones encriptadas de todos los usuarios de la Unión Europea (UE) en busca de material pedófilo.

Esa posibilidad ponía en riesgo la privacidad de los ciudadanos, lo que ha despertó una oleada de indignación que ha forzado a los legisladores a rectificar. "Se acabaría con la privacidad y, además, no tenemos ninguna prueba de que la tecnología de detección propuesta sirva para salvar a los niños, es muy frágil y comete muchos errores", explicó la ingeniera de telecomunicaciones Carmela Troncoso, profesora en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica.

Obligaciones para mitigar riesgos

El Parlamento Europeo rechaza escanear los mensajes privados de los ciudadanos en busca de abuso sexual infantil

La normativa acordada hoy obligará a los proveedores de internet a evaluar si existe el riesgo de que sus servicios sean usados para la captación de menores y la difusión de la mal llamada pornografía infantil y a tomar medidas para mitigarlos. Sin embargo, el acuerdo establece que esas empresas serán las encargadas de decidir qué medios usan.

Los eurodiputados han hecho una serie de propuestas en esa dirección. Por ejemplo, que los servicios dirigidos a menores bloqueen los mensajes no solicitados y requieran el consentimiento de los usuarios por defecto. También que las páginas web pornográficas usen sistemas eficaces de verificación de edad, que se potencien los controles parentales o que haya moderadores de contenido para procesar posibles denuncias ante materiales de abuso.