El alcalde de Vila-real, José Benlloch, reiteró ayer la voluntad del equipo de gobierno de no iniciar a corto plazo la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ante la insistencia manifestada por el portavoz del PP, Héctor Folgado, de tomar esta decisión para hacer frente a las reclamaciones por el aprovechamiento urbanístico que adeuda el consistorio a decenas de vecinos y empresas.

El munícipe hizo hincapié en que un nuevo PGOU «solo generaría problemas al Ayuntamiento y a los dueños a los que se recalificarían sus propiedades de rústicas a urbanas», por lo que incidió en la apuesta del ejecutivo local de PSPV-PSOE y Compromís por «hacer microcirugía, aprovechando la nueva ley urbanística valenciana, redefiniendo la ciudad según sean las necesidades».

Y es que según explicó Benlloch, en el actual casco urbano «hay terrenos recalificados en su día por el PP suficientes para construir más de 10.000 viviendas, lo que se traduce en una capacidad de crecimiento de la ciudad de unos 30.000 habitantes».

Espacios que, como consecuencia del frenazo urbanístico, no tienen visos de desarrollarse, al menos a corto plazo. Incluso ya son varios los programas de actuación sobre los que se ha decretado la caducidad al no contemplar su urbanización y que, en total, suman más de dos millones de metros cuadrados de suelo.

POPULARES // Por su parte, el líder de los populares, Héctor Folgado, volvió a denunciar ayer la «inacción» del gobierno local liderado por Benlloch «ante el que se ha evidenciado como un modelo urbanístico fracasado, como es el que diseñaron los socialistas y que aún está vigente».

Folgado asegura que «el modelo urbanístico de Benlloch se basa en la mentira y la manipulación». Y añade que «si hay algún responsable de la ruina económica y del fracaso del urbanismo en Vila-real se llama José Benlloch».

El portavoz del PP se mostró favorable a aprobar un nuevo PGOU, aunque reconoció que «tendría que adaptarse a los tiempos actuales». Y es que el propuesto por los populares a finales de la legislatura 2007-2011 establecía zonas a recalificar como urbanas para una población de unos 100.000 habitantes, el doble de los existentes en la actualidad.

Al respecto, Benlloch recordó que «la propia consellera Isabel Bonig, del PP, fue quien frenó este plan por sobredimensionado».