Son poco más de uno de cada 10, el 14% del total, los funcionarios castellonenses que recuperarán la cuarta parte de la paga extraordinaria de diciembre del 2012, en función del anuncio reiterado desde el Gobierno de España, que preside Mariano Rajoy. La razón está en que la devolución solo es de aplicación directa para los trabajadores públicos de la Administración General del Estado, mientras en el resto de administraciones, como son la local y autonómica, se obliga a iniciar un proceso de negociación antes de que se produzca su aplicación, si esta llega a decidirse.

En la provincia de Castellón, la plantilla del personal público es de 38.311 personas, de las que únicamente 4.512 dependen del Estado; mientras que 15.390 trabajan para la Generalitat, 6.741 para los ayuntamientos y 2.028 para la universidad, según el boletín de enero de este año del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas en España.

El grueso de los funcionarios afectados por el no retorno de las cantidades adeudadas, y también de días libres no concedidos en su día, se corresponden en Castellón con los que trabajan en educación (7.890), y en el sistema sanitario (5.534). Precisamente, desde este último sector, el sindicato CCOO denuncia esta situación en la Comunitat y reclama, como publicó ayer Mediterráneo, que la parte de la paga y de las jornadas de libranza se reintegren también al personal de las administraciones autonómica y local.

mesa sectorial // CCOO pide, por tanto, que se convoque la Mesa General de la Función Pública Valenciana para exigir la aplicación inmediata de estas medidas a todo el personal dependiente de la Generalitat. Igualmente, el sindicato ha anunciado que va a solicitar la apertura de un calendario negociador en el que se incluya “la restitución de todos los derechos arrebatados por las políticas de recortes desde 2010: la recuperación del 5% reducido por el Gobierno de Zapatero, las pagas al 100%, recuperar los fondos de acción social y el 100% en situaciones de incapacidad transitoria, además de recuperar el número de funcionarios perdido, mediante un acuerdo de ofertas públicas de empleo anuales”. H