El Juzgado de lo Penal número 3 de Castellón celebra hoy un juicio contra el alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, por presunta prevaricación, según detallaron ayer a Mediterráneo fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
La Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de prevaricación por no ejecutar las órdenes de derribo que se habían dictado contra una cuadra de caballos, a cuyos propietarios se les imputa un delito contra la ordenación del territorio.
Por su parte, la acusación particular pide dos años de prisión para el munícipe por supuestas coacciones al vecino de la localidad que denunció los hechos.
LOS ARGUMENTOS // Para defender su postura, la Fiscalía expone que Santamaría tenía “constancia de la ilicitud” de la cuadra, ya que firmó en 2004 y 2005 varios decretos acordando “la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las mismas, aunque no los ejecutó a pesar de que fueron notificados en tiempo y forma a los otros acusados, quienes hicieron caso omiso a su contenido e incumplieron ambas resoluciones” para llevar a cabo el derribo.
Al parecer, en este tiempo las instalaciones ilegales tampoco han sido demolidas ni se han adoptado las medidas pertinentes por parte del munícipe para llevar a cabo los autos. Por su parte, la Fiscalía pide una pena de un año de prisión para cada uno de los propietarios de la edificación e inhabilitación especial para cualquier profesión que tenga que ver con la construcción durante la condena. Además, les solicitan una multa de 20 euros al mes durante 18 mensualidades y las costas del derribo. H
