El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer que el pleno del Consell acordará hoy destinar 40 millones de euros al pago de la renta garantizada de ciudadanía, la nómina mensual de la dependencia y abonos a gestoras de centros de atención a discapacitados o mayores. En la última sesión de control del año en Les Corts, Fabra reivindicó su labor para lograr mayores ingresos del Estado (vía FLA y pago a proveedores) fuera de la financiación autonómica después de que el portavoz de Compromís, Enric Morera, anunciase que su grupo llevará al Defensor del Pueblo el informe de los expertos de Les Corts que acredita que la valenciana no recibe el mismo trato que el resto de autonomías.

El anuncio llegó el mismo día que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio un nuevo revés al decreto de copago a discapacitados del Consell, al anular, y ya es la segunda sentencia, el decreto. Lo ha hecho tras admitir el recurso de la Federación de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de la Comunitat (Feafes CV), después de que ya lo hiciera en octubre con el recurso de Cermi CV. La nueva sentencia declara la nulidad del decreto por “una serie de elementos formales” y porque ese copago debía hacerse “en forma de tasa y no de precio público”.

Asimismo, la sentencia del TSJCV “deja claro que la atención a personas con discapacidad es un servicio público esencial para la vida de las personas”, “al mismo nivel” que la educación y la sanidad, indicaron desde Feafes.

Tras conocer este segundo fallo que tumba el decreto, desde la Conselleria de Bienestar Social aseguraron que la sentencia “no varía” su postura respecto al copago, que va a ser regulado como tasa, y con rango de ley, lo que hasta ahora se había hecho por decreto como precio público.

Las mismas fuentes informaron, además, de que se está trabajando en la regulación de la tasa, que entrará en vigor en enero y que en Les Corts se ha presentado ya una enmienda a través del PP a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para incluir la tasa que regule la aportación de los usuarios al coste de los servicios de mayores y discapacidad. Desde la Conselleria insisten en que esta sentencia, en los mismos términos que la anterior, “no se pronuncia sobre si deben o no existir esas aportaciones sino sobre la fórmula de regularlas”, es decir, que sea tasa y no precio público. H