Querido lector:
La realidad es la que es. En la provincia de Castellón 12.000 familias, o lo que es lo mismo, cerca de 50.000 personas viven prácticamente de la caridad pública municipal. Más de mil opositores se presentan para optar a nueve plazas de auxiliar de enfermería en el Hospital Provincial como funcionarios con plaza fija, aunque les hayan recortado algunos complementos. Unos 2.000 jóvenes se presentan a cuarenta minijobs de bajos sueldos por horas para un establecimiento de comida rápida en Vila-real. El Ayuntamiento de Benicàssim impone aumentos en el precio del agua sobre los vecinos de ¡¡¡hasta un 30%!!!...
Mientras, la Generalitat valenciana solicita al Gobierno créditos ICO para pagar vencimientos de deuda superiores a los mil millones; presenta un incremento del déficit de más de 1.300 millones en 2011, aun habiendo ahorrado unos 700 millones sobre los previstos... y se ratifica sobre el plan de ajuste realizado en el sector público valenciano, que todavía no ha entrado en el de las empresas públicas pero que entrará en los próximos meses con las consiguientes consecuencias.
Además, el Gobierno anuncia un plan de pago a proveedores que había levantado expectativas para el saneamiento de las arcas públicas autonómicas y municipales y para las empresas y autónomos pendientes de cobrar la morosidad, pero sobre el que no define muy bien plazos ni tramos ni competencias.
En definitiva, una realidad en la que podemos comprobar cómo el sector público no parece tener ningún tipo de músculo para servir de motor tractor de la dinamización económica para ir superando la crisis, sino más bien al contrario, porque todavía anda liado y aún lo estará un terrible tiempo más en los ajustes que no hizo en su día.
