El Consejo de Ministros dio ayer paso al proyecto de la futura ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que será la séptima reforma educativa de la democracia y que cambiará los currículos de Primaria y Secundaria, y que abre un nuevo frente con las autonomías al reducir su poder autonómico para decidir los contenidos escolares en un 10%, y establecer un sistema de reválidas a la usanza de los años 60. El Ministerio de Educación no esconde que con esta reestructuración quiere “poner freno a los contenidos identitarios” que, según apuntó el propio Wert en una cadena televisiva, se están dando en algunas comunidades en clases de geografía e historia.

Hasta ahora la comunidades con lengua propia deciden el 45% de los temarios. El ministro argumentó la necesidad de rebajar su poder de decisión a un 35% para hacer una reforma “práctica e instrumental” que mejore los resultados educativos y la competitividad de los alumnos españoles y restaure la equidad territorial perjudicada por una “dispersión excesiva e inmanejable” de contenidos que fijan el Estado y las comunidades. También negó el carácter centralista que le reprochan distintos sectores por las reválidas. El Gobierno vasco calificó los cambios y la reforma en general de “retrógrada y recentralizadora” y de “atentado al autogobierno”. “Se carga radicalmente el estado de las autonomías en educación”, según acusó el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán Lleida.

INSTRUMENTALES // Otra clave de la reforma es el peso que ganarán las materias instrumentales, como la lengua, las matemáticas o las ciencias, respecto a otras optativas. “Hay que reforzar la enseñanza tanto de la lengua común como de la lengua cooficial, pero eso incluye evidentemente a la lengua común”, dijo Wert.

Con la reforma, los estudiantes comenzarán a escoger ya en 3º de ESO, a los 15 años, las asignaturas optativas dirigidas a cursar FP o Bachillerato, cuando ahora lo hacen un año después. Para ello, se creará un nuevo ciclo de “formación profesional básica” de dos años de duración dentro de la educación obligatoria. Estos cursos tempranos o de iniciación, como los llama el Ministerio, sustituirán a los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) pero no ofrecerán la posibilidad a los estudiantes de obtener el título de Graduado en ESO. Solo dejan una vía abierta hacia la FP de grado medio y, desde esta, hacia la de grado superio.

DIRECTORES // La reforma cambia el sistema de elección de los directores de centro, que serán elegidos por un concurso de méritos en el que tendrá un mayor peso de decisión la administración educativa. Los directores contarán con más autonomía para decidir sobre las plantillas de profesores. Además, el anteproyecto prevé posibles “traslados forzosos” e incluso prevé que los docentes puedan dar materias distintas a las que imparten.

Otro aspecto polémico es la segregación de los alumnos por sexo. Esgrimiendo el artículo 2 de la Convención de la Unesco de 1960, Wert anunció que se prorrogarán los conciertos a los centros que segregan al alumnado por sexo, a pesar de las recientes sentencias dictaminadas por el Supremo en sentido contrario.

El ministro cuantificó ayer en 300 millones de euros los costes de la reforma para los años 2016-2020. Wert aseguró que, aunque la supresión de asignaturas optativas podría suponer una menor necesidad de profesores, esa reducción se compensará con el refuerzo de materias troncales. H