La Diputación de Castellón renovará este año 2021 su convenio con el Colegio de Abogados y los ayuntamientos de Castelló de la Plana, Vila-real, Borriana, Onda, Benicarló y Vinaròs para reforzar la presencia en el territorio de la red de oficinas de asesoramiento y mediación en reclamaciones hipotecarias y del alquiler. Con esta colaboración «cualquier persona de los 135 municipios de la provincia de Castellón podrá dirigirse a este servicio para exponer su problemática y encontrar soluciones consensuadas que eviten la pérdida de su lugar de residencia habitual», informó el presidente de la institución, José Martí. Esta eficaz prestación para los vecinos será completamente gratuita.

La vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta, es una de las personas más involucradas en la puesta en práctica de este convenio, tal y como explicaron desde la propia institución provincial «porque asumimos que el derecho a la vivienda es fundamental y lo tenemos que ejercer y proteger, como así lo marca la Constitución española y ese es uno de nuestros principales fines», relata.

Con este objetivo, y el de concretar los últimos puntos del acuerdo, Puerta convocó esta semana en el palacio provincial al decano del Colegio de Abogados de Castellón, Manuel Mata. En este sentido, la titular de Bienestar Social confirmó tras el encuentro que la corporación provincial mantendrá su aportación de 12.000 euros a esta entidad, con lo que se sufragará parte del salario de los nueve letrados que ofrecerán su servicio de asistencia e intermediación profesional.

Este convenio, que se firmará a lo largo de los próximos meses entre la Diputación y este colegio profesional, recogerá como medidas más importantes que los consistorios aportarán los locales donde se prestará dicho servicio y asumirán la cobertura administrativa de las funciones derivadas de la recepción de peticiones, la administración de las citas previas y la tramitación de comunicaciones y notificaciones, mientras que el Colegio de Abogados de la provincia se hará cargo del asesoramiento jurídico y de mediación entre las personas deudoras y sus respectivas entidades acreedoras siempre que sea necesario.

En relación a los desahucios en la provincia, hay que recordar que estos se han reducido casi a la mitad en Castellón a causa de la pandemia. Concretamente, bajaron un 45,1% en Castellón durante el pasado 2020 respecto al año anterior (523 frente a 953), según reflejan los datos hechos públicos este año por el Consejo General del Poder Judicial. Se trata del mayor descenso que se ha producido en la Comunitat Valenciana, pues en Valencia fue del 41,4%, mientras que en Alicante, del 34,9%.

A esta importante bajada del número de deshaucios que se han registrado en la provincia de Castellón contribuye, sin duda, la moratoria para la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional --recogida en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia del covid-19 y prorrogada--, tal y como ya publicó este periódico.