El Consell tiene prisa por implantar el pasaporte covid ante el repunte de contagios que se está produciendo a puertas de la Navidad, una época con gran movilidad e interacciones sociales. Así, una semana después del anuncio de las intenciones de la Generalitat, este lunes el presidente, Ximo Puig, puso una fecha aproximada para su implantación y apuntó a que el objetivo es que se pueda aplicar antes del próximo puente de la Constitución.
En unos días se presentará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la propuesta. Un documento en el que el Ejecutivo valenciano debe desvelar en qué sectores quiere aplicarlo. Aunque Puig ha evitado pronunciarse al respecto, todo apunta, siguiendo la estela de otras comunidades, que las intenciones pasarían por pedir el certificado de vacunación para acceder a la hostelería y el ocio nocturno.
Ambos insisten en que esta medida no debe focalizarse solo en restaurantes y discotecas. De todos modos, el ocio avala la propuesta, que genera más reticencias en la hostelería, especialmente, en establecimientos pequeños con muy pocos empleados. «Puede producirse una gran contradicción, ya que un trabajador de la hostelería no vacunado, situación contra la que no podemos hacer nada, puede llegar a ser quien controle el acceso a los locales con el pasaporte covid», señaló ayer el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí.
En estos momentos, según Puig, el Consell está cerrando la propuesta que presentará al alto tribunal valenciano para que dé el respaldo jurídico a esta medida que busca ser «un garante de la mayor seguridad posible en espacios cerrados donde es más difícil mantener la distancia y llevar puesta la mascarilla».
Ampliar la vacunación
Otro de los objetivos claros pasa por seguir «intentado convencer a ese 8 ó 9% de la población que queda sin vacunarse para que lo haga por el bien suyo, de su familia y de la sociedad», apuntó el presidente. Un porcentaje que, en la provincia de Castellón, es aún menor, ya que roza el 94% de cobertura vacunal. En una semana, la cifra de inmunizados ha subido de manera exponencial en más de 17.000 personas hasta contabilizar 488.148 de las 521.322 personas mayores de 12 años censadas en Castellón, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto se debe, según han explicado desde la Conselleria de Sanitat, a una actualización realizada por el Ministerio de Sanidad, en la cual se incluyen, por ejemplo, los ciudadanos empadronados en la provincia pero que han sido inmunizados en otras comunidades.
De todos modos, el hecho de que el punto de vacunación sin cita previa del centro comercial Salera batiera el pasado viernes un récord de inmunización con casi 500 dosis, constata que el anuncio del Consell de implantar el pasaporte covid ha podido tener ya sus primeros efectos en cuanto a captar a los no vacunados.
Certificado de vacunación sí o no según comunidades
Al igual que ya pasó con el cierre de la hostelería o los confinamientos perimetrales, cada comunidad autónoma debe idear sus propias medidas, como el pasaporte covid, para frenar los contagios sin que haya una normativa común en toda España dictada por el Gobierno central. A pesar de que autonomías como la valenciana llevan meses reclamando en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud un eje común para homogeneizar el certificado covid, el departamento de Carolina Darias sigue sin mover ficha.
El hecho de que no haya un marco legal común puede provocar, lo que ya sucedió ayer y complica la aplicación de esta medida. El tribunal superior de Euskadi no autorizó que los locales de ocio nocturno y los restaurantes con más de 50 comensales tengan que exigir una prueba de vacunación a los clientes, como solicitó el Gobierno vasco. De todos modos, este alto tribunal ya se caracterizó por contradecir el Ejecutivo de Urkullu cuando ordenó reabrir la hostelería. Una gran diferencia a lo que ha ocurrido, hasta ahora, en la Comunitat, donde el TSJCV siempre ha avalado las restricciones planteadas por el Consell.
Navarra, la Rioja, Castilla y León y Navarra, entre otras, quieren también implantarlo, mientras Baleares, Cataluña, Murcia y Galicia quieren ampliarlo, ya que ahora solo lo piden en el ocio. Andalucía rechazó ayer, de momento, aplicarlo.
