Quien contamina, paga. Esta es la loable intención con la que la Unión Europea legisla para acelerar la sustitución de actividades contaminantes por otras respetuosas con el medio ambiente. El problema viene cuando hay sectores, como el cerámico, que ya trazan planes para su descarbonización pero siguen dependiendo del gas natural para producir sin disponer de una fuente de energía alternativa.
Una encrucijada que sufre una industria de la que dependen decenas de miles de empleos, y que debe competir contra países que no toman medidas contra el cambio climático. La escalada de los precios del gas y las materias primas son otro paso hacia un abismo del que no quieren caer.
Por esta razón, las patronales azulejeras de España e Italia (Ascer y Confindustria Ceramica), que tienen como principales focos a Castellón y la región de Emilia-Romagna, acudieron a Bruselas, acompañados de cargos públicos de sendos países, para actuar como un lobi. Reclaman cambios para aligerar sus muchas cargas. En el otro lado de la mesa les escuchó la directora de Competencia responsable de Mercado, Energía y Medio Ambiente, Anna Colucci.
Subvenciones
La primera petición fue para que la UE modifique el actual marco de ayudas de Estado, de modo que los países puedan subvencionar las nuevas tecnologías verdes hasta que sean económicamente viables. Estas nuevas energías, como el hidrógeno verde, están aún en fase de desarrollo, por lo que se deberá seguir empleando el gas natural.
La otra gran petición tiene que ver con el funcionamiento de los derechos de emisión de CO2, para que la fabricación de baldosas cerámicas esté dentro de los sectores que reciban compensaciones de costes indirectos. Su exclusión «es una decisión errónea e inaceptable que impide al sector cerámico una protección adecuada y, por tanto, pone en peligro a las empresas cerámicas», señalaron los dirigentes de las patronales.
El presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, defendió que las compensaciones públicas «deben hacer viable la transición energética sin que suponga una vulneración de las normas europeas». Su homólogo italiano, Giovanni Savorani, expresó que esta normativa de derechos «no resuelve el problema medioambiental, sino que abre uno social», el poner en peligro el futuro de las fábricas.
Compartir costes
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, defendió que las «administraciones públicas debemos respaldar a nuestra industria y repartir los costes» en el acompañamiento hacia unas energías renovables que sean maduras y viables económicamente.
La eurodiputada española Inmaculada Rodríguez Piñero, organizadora del encuentro, valoró que esta cita «es la única manera para que quienes regulan las reglas del juego empaticen con la situación y tomen medidas para ayudar a nuestras empresas y trabajadores a realizar una transición hacia la sostenibilidad sin dejar a nadie atrás». Estuvo acompañada por la también eurodiputada italiana Elisabetta Gualmini, quien valoró positivamente la reunión y expresó que las empresas cerámicas, «a menudo pymes, aportan solo el 1% de las emisiones de CO2, pero se ven muy afectadas por la normativa europea y por la competencia distorsionada que se genera como consecuencia de la deslocalización de las emisiones a países donde la legislación es más laxa».
Una carta con la invitación para que visiten los clústeres afectados
Además de tener a Anna Colucci como interlocutora, las patronales le entregaron una carta conjunta dirigida a la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager y ratificada tanto por el president de la Generalitat, Ximo Puig, como por el presidente de la región italiana de Emilia-Romagna, en la que se solicita la revisión urgente de las directrices sobre los derechos de emisión. Una misiva en la que también lanzaron la invitación para que Vestager, también comisaria europea de Competencia, conozca de primera mano los clústeres cerámicos de Castellón y Sassuolo. Un ofrecimiento que será remitido por carta formalmente en próximos días con el apoyo de los gobiernos regionales de la Comunitat Valenciana y Emilia Romagna.
Todos estos movimientos quieren poner de manifiesto la importancia de estas zonas como líderes europeas en el sector y generadoras de empleo.
