El decreto de la pinyolà ha desatado un conflicto sin precedentes en el sector citrícola provincial y la guerra, lejos de amainar, cobra cada día mayores dimensiones. La última en entrar en combate ha sido la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, que reclama a la Conselleria de Agricultura la inmediata renovación de la norma que desde hace casi treinta años prohíbe los asentamientos de colmenas cerca de los huertos de naranjas. Una vez firmado ese decreto, esta entidad aboga por que se escuchen las propuestas del sector y se consensúe un documento que recoja las posturas, ahora muy enfrentadas, de todos los actores del sector citrícola valenciano.
La Plataforma per la Dignitat del Llaurador reúne bajo un mismo paraguas a la mayor parte de las entidades, asociaciones e instituciones del sector citrícola y social de la Plana, entre ellos 15 ayuntamientos, las cooperativas de Burriana, Nules, Almassora, Moncofa, Onda, Castelló y la Vall d’Uixó, el Sindicato Central de Aguas del Riu Millars (solo esta entidad cuenta con 20.000 socios), la Asociación de Pozos de Riego de Castellón y la Asociación de Aplicadores Fitosanitarios. Todas estas organizaciones, junto a los miembros de la Asociación por la Diferenciación y Puesta en Valor de la Clemenules que no pertenecen a la Plataforma como la Caixa Rural Sant Josep de Nules; los comercios Bagú, García Ballester y Llombart Producer Group o las cooperativas Vallfrut, Cítrics de Nules, Soex 2 de Moncofa y Artanfrut ya han acordado un documento que ya han hecho llegar a la Conselleria en el que reclaman la renovación del acuerdo de la pinyolà. «Si la consellera, tal y como comunicó hace unas semanas al sector, no renueva ese decreto, las consecuencias para la clementina de esta provincia serán brutales. Castelón se llenará de apicultores de todas las partes del mundo y volveremos a tener semillas en la fruta», argumenta César Estañol, portavoz de la citada plataforma.
Misma posición que el Comité de Gestión
Esta entidad reclama firmar primero y negociar después, y su postura es idéntica a la que ha mantenido en los últimos días el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), organismo que agrupa a los mayores productores y comercios privados de España. «Lo urgente es renovar el acuerdo exactamente en las mismas condiciones de años anteriores y, tras la firma, proponemos que se establezca una mesa en la que estén presentes los representantes de todos los sectores afectados para que se puedan consensuar las medidas a adoptar en futuros acuerdos para los próximos años», añade Estañol.
La Plataforma per la Dignitat de Llaurador ha enviado el escrito a la Conselleria y lo ha hecho en reacción a a las propuestas que han acordado la Unió de Llauradors i Ramaders, (que pertenece a la plataforma, pero no ha firmado el escrito), AVA-Asaja y las cooperativas agroalimentarias encaminadas a la convivencia de los sectores apícola y citrícola. Un documento que el departamento que dirige Mireia Mollà ya está analizando y que plantea que en el año 2026 deje de publicarse el acuerdo de la pinyolà, una medida que en la práctica permitía acercar las colmenas a los huertos de mandarinas. Para ello y, desde este mismo año, proponen la disminución de nuevas plantaciones de cítricos con variedades que provoquen polinización cruzada o que apliquen en época de floración un sistema de enmallado que evite dicha polinización.
