La patronal de las residencias augura un aumento del coste de las plazas en geriátricos y centros de día tras la aprobación del nuevo modelo residencial y de atención a la dependencia, por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la mayoría de comunidades autónomas, con diez votos a favor y nueve en contra, esta pasada semana. La Comunitat siempre se ha mostrado a favor de este acuerdo que va en la línea del nuevo plan aprobado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que prevé una mejora de la calidad del servicio con un incremento en las ratios de personal, entre otras medidas.
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), José María Toro, lamentó que el documento se haya aprobado con el rechazo de comunidades, como Madrid y Cataluña, que representan al 70% de la población total. «Nos preocupa mucho que la financiación de las plazas no sea la adecuada para los elevados requisitos que se piden», afirmó Toro. «Sin duda, va a suponer un incremento en los costes que redundará en los precios. Por ejemplo, si en un centro de día se debe aumentar el personal el usuario pasará de pagar 800 euros a 1.200», explicó el presidente de la patronal.
Actualmente, el precio de una residencia en la provincia de Castellón oscila entre los 1.800 y 2.000 euros al mes, una cuantía que podría verse incrementada.
Falta de plazas públicas
Hay que recordar que la falta de plazas públicas obliga a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a financiar plazas concertadas en centros privados, en los que las personas beneficiarias aportan una cuantía que fija la Administración de acuerdo a su renta. Es ahí donde Aerte pone el énfasis al considerar que el usuario o la Conselleria deberán hacer frente al incremento sobrevenido. De las cerca de 40 residencias que hay en la provincia, solo dos de ellas dependen totalmente de la Administración autonómica.
«Hacía falta un nuevo modelo porque la normativa era del 2005, pero hay que tener cuidado en no perder plazas debido a la gran carencia que existe y en que la subida de costes no repercuta en el usuario, por lo que se requiere una mayor financiación», remarcó el portavoz de las residencias.
Las reticencias mostradas por Aerte confrontan con el apoyo de las entidades de personas mayores y de personas con discapacidad al acuerdo, ya que llevan años reclamando mejoras, especialmente tras las lagunas en la atención puestas de manifiesto en algunos centros durante el estallido de la pandemia del covid-19.
Entre las medidas que incluye el acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias, destacan el incremento de las ratios, con un profesional por cada dos residentes en las residencias de mayores; la prohibición de construir residencias muy grandes (con un límite de entre 75 y 120 plazas, dependiendo de la densidad de población); la reestructuración de las residencias públicas y concertadas, de aquí a 2030, en unidades de convivencia de 15 personas; la eliminación de las sujeciones; o el incremento del número de habitaciones individuales (65% del total) en los centros de nueva construcción, entre otras.
No obstante, en el texto se han introducido algunas modificaciones, entre ellas, que al menos un 80% de las plazas de los centros ya existentes deberán organizarse en unidades de convivencia estables. En todo caso, se precisa que todas las plazas del centro, incluidas aquellas que no se organicen en unidades de convivencia, deben diseñar sus espacios para ofrecer un ambiente hogareño. H
