Los abuelos de Castelló que llevan cuatro años reclamando a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la custodia de su nieta al considerar que está «secuestrada» por la Administración autonómica acusan a este departamento de «mentir» de nuevo en cuanto a la vista prevista el próximo jueves por la juez para fijar medidas cautelares urgentes a petición de la familia. Esta cuenta con varias sentencias a su favor, incluso una dictada por el Tribunal Supremo.
Así, la letrada de los abuelos, Silvia Vicente, abogada especialista en Derecho de Familia y Penal en Castelló, aseguró que las afirmaciones realizadas por la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, el pasado viernes a preguntas de este periódico «no son ciertas». «La Conselleria decidió que solo se iniciarían visitas si la familia aceptaba la situación actual de la niña, vamos, si se retiraban todos los aspectos judiciales y dijimos que no. Además, las visitas están acordadas judicialmente, por eso, se amplió la querella por coacciones», explicó.
Y es que Mas afirmó que durante los últimos meses se ha intentado llevar a cabo una intervención con la familia que «no ha fructificado de manera positiva», por lo que ahora tienen pendiente esta vista judicial en la que confió en que todas las partes se pongan de acuerdo. Esta vista fue fijada por la jueza tras haber solicitado la abogada de los abuelos medidas cautelares urgentes, «dado que la Conselleria se niega a cumplir los requerimientos». «Pedimos que acuerde el cese de la convivencia actual para que lo abuelos acojan de inmediato a la niña», explicó.
Querella
En cuanto a la querella, esta hace referencia a la aceptada a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón contra la exconsellera, Mónica Oltra, así como contra altos cargos de este departamento por delitos de delitos de prevaricación, detención ilegal y obstrucción a la Justicia con desobediencia grave a la autoridad, ahora ampliada con el delito de coacciones.
Detrás de este periplo judicial, está el testimonio de María Montaño y Juan Francisco Guijarro, dos castellonenses, con «una vida normal», que llevan más de cuatro años exigiendo a la Conselleria la custodia de la hija que tuvo su hijo, que ha fallecido, cuando apenas había cumplido la mayoría de edad con una chica en un contexto problemático que llevó a Igualdad a hacerse cargo de su tutela. Una decisión que los abuelos pusieron en manos judiciales desde entonces. Ellos denuncian que la ley obliga a priorizar a la familia biológica y que recoge que los hermanos deben vivir juntos.
