Noticia viral. La okupación de chalets en una de las zonas más caras de la capital de la Plana se ha viralizado tanto en redes sociales, como en las televisiones nacionales, que ayer no dudaron en desplazarse hasta el PAU Lledó para interesarse por el calvario que viven los vecinos, adelantado por este diario días atrás.
La red de okupas que ha quebrado la Paz en el PAU Lledó de Castelló, como viene denunciando Mediterráneo, no solo causa molestias entre el vecindario por los ruidos y amenazas, sino también por el perjuicio económico que crean en las arcas de las comunidades de propietarios. Y es que como explicó ayer Esteban Martínez, administrador del Residencial Canet, el presunto cabecilla de la banda (instalado desde hace meses en un chalet de la calle Manuel Rozalén) está enganchado ilegalmente al contador de agua de la finca.
«El agua va a un grupo de bombas, se descalficica y se suministra a las viviendas. Esta persona está conectada de forma ilegal a todo ese sistema que pagan con sus cuotas los vecinos. Paralelamente también está enganchado a la luz, pero en ese caso es directamente a la compañía eléctrica», denuncia el responsable de la gestión de uno de los residenciales afectados por el fenómeno de la okupación.
Esta es una de las razones --aunque no la única-- que han llevado a la comunidad de propietarios, presidida por Amador Martínez, a tomar la decisión de contratar los servicios de un abogado que defienda los intereses de los legítimos propietarios. «En cuanto nos dimos cuenta de que la cerradura de esta vivienda se había violentado, pusimos una denuncia en el juzgado a través del administrador y avisamos al fondo de inversión propietario de lo sucedido. Sin embargo, ni una acción ni otra han surtido mucho efecto», sostuvieron ayer algunos de los afectados, reunidos con la prensa a las puertas de la casa okupada desde mayo.
Los vecinos del barrio lamentaron el «mal ambiente» generado en los últimos meses y hablaron de «inseguridad» y «miedo a las represalias». «Hay personas que evitan pasar por esta calle a ciertas horas, que no se sienten seguras», aseveraron a este diario.
Zonas comunes
En este sentido, recordaron que en la calle Manuel Rozalén 21 viviendas forman parte del mismo residencial. Cuentan con piscina comunitaria y un garaje que da acceso a cada uno de los domicilios. Esta última circunstancia preocupa, con el actual escenario, a los propietarios. «Es una zona que está oscura y que con el ambiente que hay ahora mismo en el barrio no apetece frecuentar. Además, no podemos señalar a nadie directamente, pero hace unas tres semanas se produjo un robo en una de las viviendas y el acceso a la misma fue a través del aparcamiento comunitario», denunciaron ayer en conversaciones con este rotativo.
Más vigilancia
Desde que la semana pasada representantes vecinales se reunieran con la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y el nuevo comisario de la Policía Local, los residentes en el PAU Lledó dicen haber detectado un incremento de la presencia policial. «Estos días hemos visto, por ejemplo, a agentes municipales en bicicleta, de patrulla por la zona», apuntaron ayer.
Aún así, los afectados insisten en que es necesario controlar la zona especialmente de noche, cuando los miembros de la banda recorren las calles en patinete en busca de nuevos objetivos inmobiliarios. En las últimas semanas han sido los propios vecinos quienes han conseguido frustrar okupaciones tanto en viviendas propiedad del banco, como en otras de titularidad particular.
Las okupaciones de viviendas se han disparado en la provincia y es que, según los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta el mes de julio los casos conocidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil alcanzaba los 182, mientras que en abril la cifra era de 96.
A los casos del PAU Lledó hay que sumar los detectados en otros puntos de la ciudad como el Raval Universitari, el Paseo Morella o la calle Dean Martí, así como la reciente denuncia en un bloque tomado ilegalmente en la primera línea de la playa de Nules.
Este tipo de invasiones en viviendas son, con frecuencia, un foco de conflicto por daños en zonas comunes, ruidos y amenazas.
El PSOE propone poder desalojar en un máximo de 48h
El PSOE ha propuesto una modificación legislativa para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que lo pide el propietario o recibe el atestado policial tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación. Se trata de una propuesta que ya hizo el exlíder del PP Pablo Casado en el año 2020. En caso de que los intrusos sean menores o personas en riesgo de exclusión, el juez lo comunicará inmediatamente a los servicios sociales y a la Fiscalía para que adopten las medidas de protección oportunas.
