La Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana ha reclamado la puesta en marcha de un equipo dentro de la Policía Autonómica para que supervise y controle que el servicio que se presta en las residencias de personas mayores es el correcto. Así, han remitido un documento a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana Teresa Gisbert para respaldar «sus palabras en el discurso de apertura del año judicial en las que hizo referencia a la situación de las residencias y a la necesidad de crear más plazas residenciales, al déficit de inspecciones, la carencia de formación del personal y la creación de un grupo de la Policía Autonómica especializado en los casos de maltrato en las residencias».
«Esas alusiones a las carencias en los centros residenciales coinciden con las reivindicaciones que desde la coordinadora venimos reclamando al Gobierno del Botànic desde hace mucho tiempo», ha explicado la portavoz de la entidad, Ester Pascual. «Desde el 2019 venimos denunciando en diferentes medios y a diferentes estamentos, la continua degradación que observábamos en la calidad de la atención a nuestros mayores. Sin duda, una parte determinante la tuvo la entrada de grandes grupos de inversión en el negocio residencial de personas mayores», afirmó Pascual.
«Las reducciones de plantillas y las condiciones precarias de trabajo para los profesionales de los cuidados fueron menguando la dignidad y los derechos elementales de los usuarios». Una situación que la pandemia «sacó a la luz», aseguró.
De momento, desde la Conselleria de Justicia, de la que depende la Policía Autonómica, no se han pronunciado al respecto de si está encima de la mesa la creación de este grupo específico.
Solo cuatro de cada diez residencias fueron inspeccionadas
Y es que los familiares, así como la propia Fiscalía, consideran que se necesita más control, teniendo en cuenta que la Conselleria de Igualdad inspeccionó el año pasado 187 de las 329 residencias de mayores que existen en la Comunitat, unas 40 de ellas en Castellón. La mayoría de las 3.300 plazas que hay en la provincia son de centros privados ante la falta de recursos públicos para atender a los más mayores. Por tanto, cuatro de cada diez residencias de la Comunitat no pasaron ninguna inspección en el 2021.
