La falta de plazas residencias para personas mayores es uno de los problemas asistenciales más preocupante que sufre la provincia de Castellón. Un déficit que se agrava todavía más si cabe después de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas haya completado los concursos de adjudicación para la concertación. En total, se ofertaron 1.232 plazas, pero 228 se han quedado vacantes sin cubrir porque las empresas no han optado, por lo que solo se han adjudicado 1.004. El principal contratiempo de falta de concurrencia se ha registrado en el norte de la provincia.
En concreto, según ha explicado el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), José María Toro, se licitaron 886 dentro del paquete destinado a mercantiles, de las cuales se han quedado sin cubrir casi el 26% al haberse resuelto solo 658 plazas, como ya informó Mediterráneo.
El otro, con 346 plazas para entidades sin ánimo de lucro, se ha completado en su totalidad.
Radiografía del sector
La provincia de Castellón cuenta, actualmente, con unas 3.300 plazas en residencias de mayores y precisaría de 2.155 para cumplir las ratios recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Castellón, hay cerca de 40 centros y tan solo hay dos 100% públicos. Se trata de la residencia de Lledó en Castelló, que cuenta con 40 puestos tras su ampliación, y la de la calle Albert Einsten de Burriana, con capacidad para 225 usuarios. Después está el modelo de residencia de titularidad y gestión municipal, como ocurre en Almassora y Villahermosa.
En cuanto a las plazas, 1.232 son concertadas, aunque 228 se han quedado desiertas, mientras que hay otro lote que sufraga la Conselleria mediante la prestación vinculada al servicio en personas dependientes y el resto son de carácter privado.
Deuda
Este concurso busca regularizar una situación de un contrato que caducó en agosto del 2021 y que está comportando verdaderos problemas a las residencias por los continuos impagos. Así, centros de la provincia reclaman a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el pago de casi cuatro millones de euros que les adeuda por facturas de concertación de plazas desde el mes de mayo. La patronal del sector insiste en que estos impagos están provocando «grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas». Al respecto, el presidente de Aerte, José María Toro, señala que el importe de la deuda acumulada, contando el mes de octubre, asciende a 3.845.000 millones de euros en el caso de la provincia de Castellón.
«Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia», advirtió.
El grueso de esta deuda corresponde al concurso de plazas residenciales que caducó en agosto del 2021, por lo que, al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro.
Por qué hay plazas sin cubrir
El presidente de la patronal, José María Toro, consideró que esta falta de concurrencia responde, principalmente, al hecho de que haya pocas plazas disponibles al tener los centros una elevada ocupación. También habría otros dos factores determinantes, como el retraso en el pago de plazas concertadas y los numerosos requisitos «no relacionados con la prestación del servicio que requería la Administración»
