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El Periódico Mediterráneo

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La falta de centros y la elevada ocupación de los existentes está detrás de las vacantes

El déficit de residencias se agrava en Castellón al no concurrir las empresas al 25% de plazas

Solo se han podido cubrir 658 puestos de los 886 ofertados en la provincia de Castellón

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La falta de plazas residenciales para las personas mayores es uno de los principales problemas que arrastra la provincia de Castellón en cuanto a bienestar social se refiere. Un déficit que se agrava ahora todavía más si cabe debido a que una de cada cuatro plazas del nuevo concurso de concertación impulsado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha quedado vacante al no haber ninguna empresa que haya concurrido. En la adjudicación provisional, se han cubierto 658 plazas de las 886 ofertadas, es decir, se han quedado desiertas el 25.73%, según ha detallado la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte).

El contrato de licitación establecía en la provincia tres lotes de los 21 previstos en la Comunitat. El primero, con 141 plazas, da cobertura a Els Ports, l’Alt Maestrat y el Baix Maestrat, de estas solo se han cubierto 83, siendo la zona de Castellón que más problemas presenta en cuanto a falta de concurrencia de las empresas.

El segundo paquete contemplaba 360 plazas para la Plana Alta y l’Alcalatén, de las cuales han quedado desiertas 80. El tercero, con 385 plazas, abarca la Plana Baixa, l’Alt Palancia y l’Alt Millars y ahí se han cubierto 289.

En total, se han presentado 10 centros de seis empresas distintas: Savia, Colisée, Nova Llar, Orpea, Domus Vi y Navas Altas.

Motivos de la falta de concurrencia

El presidente de la patronal, José María Toro, consideró que esta falta de concurrencia responde, principalmente, al hecho de que haya pocas plazas disponibles al tener los centros una elevada ocupación. También habría otros dos factores determinantes, como el retraso en el pago de plazas concertadas y los numerosos requisitos «no relacionados con la prestación del servicio que requería la Administración».

Faltan centros públicos

Por tanto, el principal mecanismo que tiene la Conselleria de Igualdad de prestar el servicio asistencial a las personas mayores es a través de la concertación, lo que presenta graves problemas. Un sistema que se emplea debido al déficit de plazas públicas, ya que, actualmente, solo hay dos geriátricos 100% públicos, es decir, que dependen de la cartera de Aitana Mas. Se trata de la residencia Lledó de Castelló y de la situada en la calle Albert Einstein de Burriana.

Dentro del plan de creación de nuevos centros, que impulsa el departamento que anteriormente dirigía Mónica Oltra hasta su dimisión, hay una decena de centros residenciales a ejecutar en la provincia. El más avanzado es, sin duda, el de Sant Mateu, donde este mes han empezado las obras, mientras que el de Castelló, proyectado en la calle Onda, está en licitación mediante un procedimiento de urgencia por importe de 15,86 millones de euros.

Esta última residencia fue prometida hace más de siete años para garantizar plazas asistenciales en la capital de la Plana debido a las necesidades, que sí ha intentado cubrir la iniciativa privada con la apertura desde entonces de varios centros, así como de dos más en breve. Uno de ellos después del verano y el otro el próximo año.

El conjunto de la provincia de Castellón cuenta, actualmente, con unas 3.300 plazas en residencias de mayores y precisaría de 2.155 para cumplir las ratios recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los geriátricos denuncian los impagos de Conselleria

La patronal Aerte afirma que la Conselleria de Igualdad sigue sin pagar los casi 50 millones que debe a las residencias privadas de mayores y empresas gestoras, con facturas pendientes incluso desde el pasado mes de noviembre, lo que está provocando «grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas». En la provincia de Castellón, la deuda ascendería a unos cinco millones de euros. 

«Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia», advirtió el presidente de la patronal, José María Toro.

Ante esta denuncia, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, afirmó ayer que están trabajado en un nuevo sistema para agilizar los pagos a las residencias con el objetivo de evitar que la situación de deuda actual «vuelva a repetirse». Asimismo, destacó que, en los dos próximos plenos del Consell, se aprobarán más pagos a los centros para disminuir la deuda que, tras el abono de unos 15 millones de euros, cifra en cerca de 45 millones de euros.

 Al respecto, Mas destacó la importancia de «priorizar pagos rápidos en estas semanas para que las empresas no sufran» porque «llevan unos cuantos meses sin que les paguemos».

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