Las ITV piden a Puig que medie para evitar el caos y el colapso tras la reversión

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) ha reclamado la mediación del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para evitar el caos y el colapso inminente del servicio tras la reversión.

Más de un año de retraso

Según han denunciado este jueves, la Generalitat "no está preparada" para asumir la gestión porque el proceso de reversión lleva "prácticamente" entre 12 y 14 meses "de retraso" respecto al calendario marcado.

Por ello, han pedido al conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, que negocie "con urgencia" un calendario "factible" para una "transición tranquila". En concreto, demandan una prórroga de 15 meses de la concesión.

En relación con el "retraso considerable" que han denunciado, explican que la empresa pública debía haberse constituido en enero de 2022 y se hizo en noviembre. Resulta, a su juicio, "inviable que en dos o tres meses se recupere todo el retraso que llevan acumulado".

Precipitada e injusta

El portavoz de Aecova-ITV, Francisco Llopis, declara que la reversión está siendo "precipitada" e "injusta".  "Vamos tarde si queremos hacer las cosas bien", ha advertido. En ese sentido, apelan a que Climent "mantenga su compromiso político" para "evitar el colapso" del servicio y que su calidad no se vea afectada. Sin embargo, declaran, ahora mismo "el diálogo no existe".

Aun así, aún creen posible hacer una transición tranquila". En ese sentido, apelan a que desde la Conselleria "cojan las riendas de la gestión cuando realmente estén preparados" porque "las prisas no son buenas" y el conseller y la empresa pública "hoy por hoy saben que no están preparados".

Calendario factible

Sobre la mediación de Puig, pidieron que este haga reconsiderar a Climent" que se siente a "pactar un calendario de reversión factible". "Si no es así, los únicos culpables del colapso y el caos serán ellos mismos", ha avisado.

Acusó a la Conselleria de no tener un plan y que su única forma de comunicarse con las concesionarias es "a base de requerimientos que siempre se dictan tarde y fuera de tiempo".

Supresión de la prueba de ruido

También ha declarado que la supresión de la prueba de sonometría "va en contra de las directivas europeas" la propia Conselleria de Medio Ambiente, la Ley del Ruido de la Comunitat Valenciana y del compromiso suscrito con las empresas de que no se iba a eliminar hasta que se terminase la prórroga".

ERE por pérdida de ingresos

Según declaran, ha provocado una merma del 20% de los ingresos y del 80% de los resultados de las empresas, por lo que hace "imposible recuperar las pérdidas" del periodo del covid que motivaron la actual prórroga, como marca el Real Decreto 8/2020. No obstante, la supresión de la prueba podría llevar a un ERE de 300 trabajadores. Preguntados al respecto, Llopis ha puntualizado que los empresarios pueden decidir reducir las contrataciones temporales que se efectúan en temporadas clave y podrían "restringir algún contrato", aunque "si queda mes y medio no van a provocar un ERE".

Auditorías individualizadas

Además, los representantes de las ITV han reclamado "auditorías individualizadas" para decidir las condiciones laborales de cada uno de los 1.200 trabajadores afectados, sujetos a diferentes convenios