La Generalitat valenciana prepara la creación de una ley propia de Costas. Así lo anunció hace dos semanas la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, tras el pleno del Consell.
Entre los propósitos de la futura norma está la gestión de los chiringuitos y concesiones, la reformulación del plan para evitar nuevas construcciones en el litoral --el Pativel-- y la protección de las edificaciones ubicadas cerca de la orilla, y que han causado quejas en municipios de Castellón, como Cabanes, Nules o Moncofa, afectados por órdenes de derribo y nuevos deslindes por parte del órgano de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica.
El pleno del Consell abre el camino a una ley valenciana de Costas
La fórmula elegida sería el reconocimiento del valor patrimonial de las edificaciones, por lo que se instaría a su protección, aprovechando que la competencia sobre Patrimonio recae sobre las comunidades autónomas.
Consistorios
Los responsables de estos tres ayuntamientos muestran su esperanza de que el movimiento autonómico sea un freno para la desaparición de estas construcciones. El alcalde de Nules, David García, expone que la iniciativa de la Generalitat «me parece un buen paso, y tiene todo nuestro apoyo», tal y como ya tuvo la oportunidad de transmitir al director general de Puertos y Costas, Vicente Martínez Mus.
«Creemos que la ley puede recoger una gran parte de las reivindicaciones de Nules», menciona García, aunque pone de manifiesto el riesgo de un choque de trenes institucional entre las competencias estatales y las que quiere asumir la Generalitat. Galicia tiene aprobada una ley regional, recurrida por el Gobierno. La respuesta de la justicia marcará el camino para el proyecto valenciano.
Proximidad
El alcalde de Cabanes, David Casanova, ve favorable que cuestiones como el futuro del poblado marítimo de Torre la Sal se decidan por parte de una institución más cercana. «La visión de un despacho de Madrid es muy diferente de la que se puede tener en nuestro propio territorio», comentó.
El primer edil recuerda que las órdenes de derribo están paralizadas tras la presentación de las alegaciones de vecinos afectados y del propio ayuntamiento, «por lo que estamos a la espera de que haya una resolución».
La Generalitat quiere tener la competencia para autorizar chiringuitos de playa
Sobre la propuesta autonómica, Casanova explica que no ha tenido aún ninguna reunión con los nuevos responsables de Territorio de la Generalitat, aunque afirma que el propósito «es positivo si hay una protección de estas viviendas», y la ley «no se encamina a un todo vale en la construcción del litoral».
Deslindes
El alcalde de Moncofa, Wences Alós, da «por buena» la noticia, e incide en la amenaza de los deslindes. «No afecta de forma inmediata a las construcciones, pero la propiedad pasa a ser una concesión», lo que limita actuaciones de mantenimiento, que ha supuesto el derribo de casas que estaban en una situación ruinosa, o incluso a la okupación de casas centenarias.
Alós opina que los controvertidos deslindes «no serían necesarios si se hicieran las actuaciones de conservación del litoral previstas» y escasamente ejecutadas.