Los precios de los alimentos producidos en Castellón se multiplican hasta por once del campo al súper

Todos viven del llaurador menos el llaurador». La frase la pronunciaron el pasado miércoles dos veteranos productores de cítricos de Castelló que, pancarta en mano, se manifestaron en los accesos a PortCastelló para protestar por la entrada de fruta barata de países como Egipto, Marruecos o Turquía. Una importación que aumenta cada año y que tiene consecuencias directas en el campo. En estos momentos, y en plena segunda parte de la campaña, el mercado está parado, hay miles de kilos de fruta por recolectar ante la falta de demanda y las cotizaciones van cuesta abajo. 

Quienes se dedican a cultivar la tierra o salir a faenar aseguran que los números no les salen y eso que nunca como hasta ahora había sido tan caro llenar la cesta de la compra de fruta, verdura o pescado. Y es que, y según datos recopilados por la Unió Llauradora y el sector pesquero de Castellón, el precio de muchos alimentos se multiplica hasta por once del campo o la mar al supermercado.

La naranja lane-late, por ejemplo, cotiza en origen a una media de 0,35 euros el kilo, mientras que al consumidor le cuesta dos euros, es decir, seis veces más. Y con las mandarinas ocurre algo similar: en los puntos de venta su precio alcanza un promedio de 2,20 euros, mientras que el productor recibe por ellas 0,46 euros (casi cinco veces menos). En el caso de la alcachofa la diferencia es algo menor y en el campo se paga a 1,30 euros el kilo, mientras que en la tienda se comerciliza a 2,90 euros (5 si es alcachofa de Benicarló).

El campo de Castellón sigue en llamas

La diferencia de precios resulta también abismal es el caso de muchos pescados. Especies como la móllera se pagan en lonja a 1 euro el kilo, mientras que en supermercado alcanza los 11. O lo que es lo mismo: once veces más. El salmonete, por su parte, vale 4 euros en origen y el consumidor abona por el unos 19 euros el kilo. 

Y, ¿qué ocurre con la carne? Los precios de cordero, por ejemplo, se multiplican por cuatro de la granja (el productor recibe unos 4,60 euros el kilo) a la tienda, donde las familias la compran por 19.

Una ley que no funciona

Los datos hablan por sí solos y para las organizaciones agrarias demuestran que la Ley de la Cadena Alimentaria, que nació con la finalidad de evitar que lo que cobran los agricultores esté por debajo de los costes de producción, no funciona. «La normativa sigue sin ser útil para el eslabón de los productores y no sirve para acabar con los desequilibrios de la cadena que soporta el sector productor», insisten desde la Unión, que hace hincapié en que la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios, que nació para controlar los abusos agroalimentarios, «podría quedarse en papel mojado tras haber sido ninguneada en los presupuestos de la Conselleria de Agricultura». 

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