Los agentes de tráfico serán los encargados de denunciar a los vehículos cuando comprueben que el nivel de ruido rebasa los límites establecidos.

Los agentes podrán ordenar el traslado del vehículo hasta un lugar próximo que cumpla las condiciones necesarias para poder efectuar las comprobaciones. Podrán hacerlo los propios agentes o concertándolo con las ITV.

Los ayuntamientos de la provincia podrán coordinarse con las estaciones ITV para poder realizar campañas periódicas para establecer el acceso a la comprobación de las emisiones sonoras, para que los municipios que se hallan a más distancia de una estación de ITV fija puedan someterse a revisión a través de las oficinas móviles.

Más de dos millones de vehículos y casi 200.000 ciclomotores se verán afectados por la medida.